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Editorial & Opinion

La prerrogativa del fuero

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Por: Rodolfo González

viernes 22, febrero 2019 - 12:00 am

En los últimos días hemos conocido de tres acontecimientos que han girado alrededor de un tema común, la prerrogativa del fuero.

En el primero, los abogados del Presidente electo de la República pidieron que ya no fuera procesado en la acusación que se le ha seguido por un supuesto delito contra el honor, justamente por su condición de presidente electo, petición que fue rechazada por el juez; en el segundo, un funcionario judicial fue detenido y puesto a la orden de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, la cual hizo del conocimiento de la fiscalía el caso, sin decretar detención, porque no tiene esa potestad legal; y en el tercero, una diputada presentó iniciativa para que se apruebe un acuerdo de reforma constitucional, eliminando el fuero en general para los diputados y demás altos funcionarios, limitando la protección a las opiniones emitidas en el ejercicio de sus cargos.

En 2014, un diputado suplente de la Asamblea Legislativa fue detenido, y fue solicitado hábeas corpus a su favor. La sentencia, emitida el 25 de septiembre de ese año (Hábeas Corpus 445-2014) nos ayuda a aclarar algunas dudas sobre el tema en análisis.

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La Sala afirmó, siguiendo precedentes del amparo, y en relación específicamente con los parlamentarios, que “el procedimiento de antejuicio, pretende proteger la labor legislativa encomendada a los diputados propietarios durante el período de su elección y no a quienes, accidentalmente, son llamados a desempeñar tales funciones, salvo cuando se encuentran precisamente en esta última condición”. Y respecto de los funcionarios judiciales, retomando un pronunciamiento de Corte Plena, dijo que “dicha garantía constitucional se establece en razón del cargo y no de la persona que la ostenta. Así, su objetivo esencial es proteger la función pública, al funcionario judicial y al principio constitucional de la independencia judicial, al no permitir que determinados servidores públicos sean desposeídos de su cargo por falsas acusaciones”.

Es importante la afirmación de tal precedente, en el sentido que la prerrogativa del fuero, y la consiguiente exigencia de antejuicio antes de procesar a alguno de los funcionarios determinados por la Constitución, está relacionado con el cargo, no con la persona. Entenderlo de la última manera, lo convertiría en un privilegio, claramente contrario al principio de igualdad establecido en la Ley Fundamental y en los tratados internacionales.


Para aclarar cuál es el sentido constitucional del fuero, podemos compararlo con otra garantía prescrita en el art. 125 de la Constitución, según la cual los diputados no responderán en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan (en cuyo caso, más que de inmunidad, se habla de inviolabilidad). Este artículo de ninguna manera está garantizando que un diputado vaya por la calle ofendiendo a quien se encuentre, o que pueda realizar impunemente cualquier acto delictivo no relacionado con el cargo, manteniendo una condición de intocable por todo el tiempo que dura su mandato.

Claramente lo que busca la Constitución es garantizar un proceso político libre, en el cual es comprensible que para hacer propuestas de cambio legislativo, se tenga que hacer críticas a las leyes existentes y a la manera en que han sido aplicadas; lo cual puede en algún momento ofender a los promotores de las leyes que se quieren cambiar, o a los funcionarios que la han estado aplicando. Por tanto, se busca que, sin ningún temor a represalias, el parlamentario proponga y critique, e incluso que vote libremente por alguna propuesta, sabiendo que no responderá en ningún tiempo por los votos que emita. Una elemental verificación histórica nos lleva a comprobar que en todas las sociedades libres, las soluciones a los problemas se han encontrado en un proceso de ensayo y error, pues nadie es “dueño de la verdad”.

La idea que está a la base del fuero, y en general de las prerrogativas de los altos funcionarios, es su protección en el ejercicio de los cargos que han obtenido por elección popular o elección de segundo grado, frente a demandas temerarias que buscan distraerlo del mandato que ha obtenido. No es algo que el funcionario lleva a todas partes, en cualquier lugar y cualesquiera actos que realice, porque esto último, como se ha repetido muchas veces, más que inmunidad implicaría impunidad.




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