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Editorial & Opinion

La relación entre corrupción y política

Sherman Calvo / Empresario

viernes 16, noviembre 2018 - 12:00 am

Nadie hubiera apostado que en algunos años, la política iría a convertirse en una mala palabra y cada vez parecería más profundo el abismo entre los partidos y la gente. Una cosa es que la gente vote por ellos y otra que confíen. Hablamos de una brecha real, perfectamente medible.

En un sentido clásico del pensamiento político, la corrupción era el abuso autoritario del poder, hasta llegar incluso a su ejercicio tiránico. Tal concepción se expresa en la tan citada frase: “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. En la actualidad, ese sentido sigue estando confusamente presente en el discurso político; sin embargo, predomina como referente uno de los tipos de abuso del poder, aquel que consiste en el enriquecimiento ilegal o ilegítimo de los políticos o, en general, de las autoridades (corrupción personal), o el favorecimiento ilegal o ilegítimo a las causas u organizaciones a las que están integrados, aunque no se beneficien personalmente (corrupción oficial), gracias a los cargos que desempeñan o sus conexiones con quienes los tienen.

Están en juego, así, conceptos de manejo deshonesto de recursos públicos o recursos en torno a una gestión pública, que nos conduzcan a una apropiación indebida de esos recursos; en torno a una gestión pública quiere decir que abarca conductas no sólo de funcionarios públicos, sino también aquellas dirigidas hacia actividades del Estado, mediante una no menos variada nomenclatura, por ejemplo: soborno, peculado, extorsión, tráfico de influencias, abuso de información privilegiada, etc., etc.

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En el campo jurídico es necesario constatar, además, la tendencia tan importante del actual derecho comparado consistente en la producción de leyes nacionales anticorrupción de diferente tipo. Esta multiplicación y auge de leyes contra la corrupción es de una convergencia muy generalizada en la actualidad, como para hacer que la corrupción no sólo sea política en cuanto que en ella estén envueltos políticos, sino también por lo que los políticos ya no pueden prescindir de producir políticas y normas contra ella, y que estas políticas y normas crean fuertes restricciones al actuar político.

La relación entre corrupción y política es mucho más profunda de lo que quisiéramos y los políticos estarían dispuestos a admitir. Como escribió un articulista: “Soy una persona amante del sistema democrático, y conocedor por experiencia propia de la vitalidad y del grado de libertad que el mismo le proporciona a una sociedad. Ustedes no pueden ignorar, a esta altura del siglo XXI, del grado de desprestigio que han acumulado en numerosos países y regiones del planeta por obra y acción propia”. Nosotros, los ciudadanos honrados, solamente deseamos vivir bien y que ustedes administren con responsabilidad y probidad los dineros y las propiedades públicos. Los dineros y las propiedades que pertenecen al Estado deben ser sagrados. Todo funcionario debería tener como una premisa clave de su conducta este precepto, un país revestido con dignidad.


El peor efecto económico de la corrupción no es lo que el funcionario se lleva a su casa o deposita en su cuenta bancaria, sino todo lo que no hace cuando su accionar es corrupto. La principal diferencia entre un funcionario honesto y uno corrompido, es que el primero se preocupa por ejercer bien sus funciones y el segundo por enriquecerse. Esa escasa o nula dedicación a la función que debería ejercer es el mayor daño que causa la corrupción a la economía real.

Otro aspecto esencial es que las inversiones se resienten cuando en un país existe una corrupción generalizada, porque hay muchas empresas multinacionales que no admiten pagar sobornos y, entonces, ven dificultada o impedida su participación en un territorio donde la corrupción se haya generalizado.

La honestidad debería ser, señores políticos, un pre-requisito para que nosotros decidiéramos votar por ustedes. Como ciudadanos, lo que más importa al momento de elegirlos ha de ser su capacidad de solucionar los problemas y de gestionar correctamente, su decisión de afrontar las situaciones de fondo que impiden el desarrollo nacional, su visión de futuro, su fortaleza para enfrentar a los sectores de poder, su conocimiento de la realidad, su experiencia política y la excelencia de los planes de gobierno que piensa ejecutar.




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