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Editorial & Opinion

La teoría de la elección pública

Aldo Álvarez / Abogado y catedrático

viernes 5, octubre 2018 - 12:00 am

En un ambiente teóricamente democrático, los políticos que integran un gobierno reaccionan al fenómeno de la “elección pública” o “Public Choice”, que se ha posicionado como una de las corrientes teóricas más importantes en la ciencia política contemporánea.

Sus líneas de investigación se han diversificado en diferentes ámbitos de la ciencia política y de la economía, destacándose sobre todo en temas electorales. La elección pública ha experimentado una extrapolación de las hipótesis y metodología propias de la teoría económica para la explicación, análisis y predicción de fenómenos sociales, tradicionalmente reservados a la ciencia política, estableciendo así un puente analítico, mediante el cual se consideran que los agentes privados del mercado son los mismos que intervienen en el ámbito público de la política, y que en ambas circunstancias, sus motivaciones y esquemas de comportamiento pueden ser análogas.

En general “Public Choice” puede ser visto como un campo de interés de los investigadores económicos y políticos, que pretenden hacer un estudio de la política a través de las herramientas analíticas de la economía y que se caracteriza fundamentalmente por el rigor teórico, las pruebas estadísticas y sus aplicaciones a los problemas políticos de las sociedades contemporáneas. Los investigadores afines a esta corriente pretenden explicar y predecir la conducta de los agentes políticos a través de los supuestos y técnicas de análisis de la economía pero, sobre todo apoyándose en los supuestos de la elección racional, creando modelos que explican la acción colectiva a partir de las conductas individuales en contextos fuera de los mercados económicos. Los principales elementos metodológicos del enfoque de la Elección Racional en la teoría política formal o positiva son: a) el supuesto del individualismo metodológico, alternativo al colectivismo u holismo sociológico; b) la consideración de seres humanos dotados de una racionalidad meramente instrumental o deliberativa; c) las acciones egoístas o auto-interesadas de los agentes políticos; y c) una extensa aplicación de las consecuencias no intencionadas de las acciones humanas, ajena a los esquemas armónicos de otros enfoques.

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El individualismo metodológico explica los hechos colectivos en función de las decisiones individuales, se concibe a los individuos como únicos responsables de la determinación de la acción del grupo así como de la acción privada. Se reconoce la capacidad humana de tomar decisiones voluntarias, aunque se considera que las alternativas para elegir son limitadas por las estructuras sociales, específicamente por el tipo de instituciones y reglas de decisión, así como por las interacciones con los otros agentes individuales. La racionalidad es la característica que poseen los individuos para calcular y seleccionar los resultados que determina sus pautas de comportamiento en la búsqueda de maximización de la utilidad esperada. La teoría de la elección racional reconoce que los seres humanos enfrentan una motivación básica orientada a la consecución del interés propio, tomando decisiones de forma coherente con los fines que pretenden alcanzar.

El egoísmo o el interés personal es la principal guía de conducta de los actores, aunque la teoría reconoce que este interés personal no solamente puede ser económico, monetario o material, sino que se trata de una valoración de carácter subjetiva tendiente a la obtención de ciertos resultados, que puede variar según el campo de acción y del individuo de que se trate. La aparente contradicción de que los resultados de la acción colectiva no correspondan con las intenciones de los individuos, no contradice el supuesto de la coherencia sustentada por la teoría, ya que existen factores externos a las decisiones individuales que pueden influir en los resultados.


El estudio y análisis del comportamiento del gobierno en su desempeño político-económico en las sociedades contemporáneas puede respaldarse tanto por la concepción de los modelos político-económicos, basados en la teoría de la elección pública, como en la tradicional concepción ortodoxa de la intervención gubernamental para solucionar las fallas del mercado en la búsqueda de la eficiencia económica.

En el enfoque de los modelos político-económicos los votantes-consumidores evalúan el desempeño del gobierno y con ello, la oportunidad de que éste permanezca en el poder, que en general depende de las condiciones económicas y políticas que imperan en el momento de la elección y que han sido producto de la actuación anterior del gobierno. De ahí que desde este enfoque, el Gobierno busca manipular la economía con el propósito de permanecer en el poder, maximizando su función de utilidad. Entendemos la maximización de la utilidad como la maximización de la función de felicidad a lo largo del tiempo, que depende de la maximización del voto y la maximización de la función ideológica como caso especial.




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