Editorial & Opinion

La victoria no es lo mismo que la paz

Roberto Burgos Viale / Abogado

miércoles 7, agosto 2019 - 12:00 am

El plan de seguridad de la actual administración parece seguir su rumbo imparable. La implementación de este en las zonas más inseguras del país, no está sujeta ni a un calendario específico ni a la medición de indicadores de resultado cuantificables.

De todas formas, en caso que estos existan son secretos y los factores de éxito de los mismos, solo dependen de la velocidad del mandatario para reaccionar en redes sociales, a las esporádicas críticas y cuestionamientos, cada vez más escasos.

En este contexto, la Presidencia parece apoyarse cada vez más en la colaboración de los militares para la ejecución de tareas de seguridad pública y que constitucionalmente –aunque ya parezco ocioso decirlo- corresponden a las autoridades civiles del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, quienes disponen de unidades policiales, penitenciarias y de inteligencia para hacerlo.

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El resultado es la conclusión de un proceso de re militarización de la sociedad que, iniciada por gobiernos de Arena, fue acentuada –irónicamente- por los dos gobiernos del FMLN y concluida en los primeros dos meses de la actual administración. De esta forma se devuelve a los militares el protagonismo político, el control de territorios y un creciente nivel de influencia en la opinión pública que fue tan difícil, por su elevado costo político y humano, despojarles gracias a las primeras rondas de diálogo que dieron como resultado los olvidados Acuerdos de Paz.

Ejemplos sobran, tanto desde el ámbito civil como del militar. En el caso del primero, basta revisar las notas de prensa que relatan el proceso de aprobación de un refuerzo presupuestario de $30.9 millones que, de forma unánime, concedió el parlamento a las fuerzas de seguridad para la implementación inicial de los planes de seguridad actualmente en marcha.


Los diputados fueron presa de la misma estrategia de comunicaciones utilizada durante los gobiernos de derecha y que esta vez fue usada por Bukele la noche antes de la plenaria, mediante una transmisión en cadena nacional de radio y televisión enfocada en el mensaje: “Solo tienen que apretar un botón” (lo que efectivamente hicieron al día siguiente). Así, cualquier posible opositor sería susceptible de caer en el supuesto de que no votar por la concesión de estos fondos era estar de lado de los pandilleros y terroristas.

Para tomar esta decisión la Asamblea Legislativa se privó de lo que constituye su razón de ser: el debate público de todos los asuntos que inciden en el bienestar y el bien común de la colectividad. La unanimidad lograda y luego tan celebrada, privó de matices a la valoración de planes de seguridad que deben ser conocidos, al menos en todo aquello que no afecten su operatividad, dotándolos de medios de control financiero y mecanismos de rendición de cuentas, que permitan a la ciudadanía conocer sus avances o limitaciones.

En el ámbito de la institucionalidad militar las cosas no han sido mejores para nuestra balbuceante democracia, en lugar de privilegiar la excepcionalidad en el uso presidencial de la Fuerza Armada, se han destinado recursos públicos para costear campañas mediáticas a cargo del Ministerio de la Defensa Nacional, exaltando el papel de los uniformados en la sociedad, organizando una ceremonia de entrega de uniformes en la plaza cívica a cargo del propio Presidente de la República y todo bajo el mando de un Ministro de la Defensa Nacional, que parece estar en todo acto oficial y que como su antecesor, ya se considera competente en cualquier materia. En suma, se vende la victoria sobre las pandillas como si esta fuera garantía para devolver la paz permanente a todos los salvadoreños.

Y todo esto, mientras en la Asamblea Legislativa se sigue postergando el estudio y aprobación de una verdadera Ley de Reconciliación y mientras el diputado presidente de la misma exalta la figura de uno de los jefes militares implicados en las peores matanzas contra población civil, o se lamenta por los juicios que como consecuencia de lo anterior enfrentan envejecidos jefes militares, obligados a comparecer ante un juez “cuando deberían estar descansando con su familia luego de años de ausentarse para defender la patria”.

No se cuestiona pues la necesidad de los actuales planes de seguridad, pero sí la elección de los aliados escogidos, la preeminencia de los ejecutores de estos sobre los ciudadanos que serán los destinatarios de los mismos y el renovado impulso de la figura militar como única solución posible a los problemas nacionales.




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