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Editorial & Opinion

La zona económica 0 exclusiva del país

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

miércoles 19, septiembre 2018 - 12:00 am

Mucho se ha comentado sobre si es o no constitucional que el actual gobierno salvadoreño haya hecho una importante concesión territorial a la República de China Popular en las cercanías del Golfo de Fonseca, perteneciente al municipio del puerto La Unión, en el departamento oriental del mismo nombre, bajo la denominación de “Zona Económica Especial”.

Aunque los manejos de las negociaciones oficiales han sido cubiertas por el más estricto hermetismo, confidencialidad y secretismo, pese a tratarse de una negociación que, por sus implicaciones presentes y venideras, debe ser divulgada y discutida ampliamente por los salvadoreños, lo poco que se ha difundido en los medios de comunicación, nos permiten esbozar una situación que podría redundar en un acto inconstitucional; y si bien carecemos de una Sala de lo Constitucional, por obra y gracia de una Asamblea Legislativa que, sujeta a espurios intereses partidarios, ha incurrido en el incumplimiento de los deberes que el cargo le impone, tenemos aún firme la fortaleza que los jueces de la República poseen respecto al control difuso de nuestra Constitución, a los cuales podemos acudir con demandas para dilatar cualquier acto lesivo contra la ley fundamental, mientras se elige el tribunal superior correspondiente.

El Art.84 Cn. en su inciso segundo expresa que el territorio insular de El Salvador está integrado por “islas, islotes y cayos”, abarcando, por supuesto, al mar adyacente hasta la distancia de doscientas millas marinas contadas desde el punto de la más baja marea. En consonancia con lo dispuesto constitucionalmente, nos remitimos al Libro Segundo, Título III del Código Civil, donde bajo el acápite “De los bienes nacionales” que son todos aquellos “cuyo dominio pertenece a la Nación toda” o sea que no están poseídos ni son propiedad de ninguna persona y en donde el Estado salvadoreño ejerce plena soberanía. Entre esos “bienes nacionales”, que por su naturaleza jurídica y constitucional no pueden ser enajenados bajo ningún modo o concepto, está la llamada “zona económica exclusiva”, perteneciente en un cien por ciento a nuestra nación. ¿Dónde y cómo está formada esa zona económica exclusiva, cuyo dominio es del pueblo salvadoreño? El extenso Art. 574 del Código Civil, en sus incisos primero, segundo y tercero, nos ofrece una base legal, amplia y suficiente, para defender, sin intereses egoístas, esa llamada “zona económica exclusiva” de nuestra República. En efecto, el inciso dos del artículo citado señala que “La zona de mar adyacente que se extiende más allá del mar territorial hasta las 200 millas marinas contadas desde la línea de base, se denomina zona económica exclusiva, en la cual El Salvador ejerce derechos de soberanía para explorar, explotar, conservar y administrar los recursos naturales vivos y no vivos de las aguas supra yacentes a lecho, del lecho y del subsuelo del mar y para desarrollar cualesquiera otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de esa zona” y recalca lo anterior en el inciso cuarto:  “Además a El Salvador le corresponde toda otra jurisdicción  y derechos previstos en el derecho internacional con relación a la zona económica exclusiva  y a la plataforma continental e insular”. Ningún gobierno salvadoreño, sin importar su tendencia ideológica, puede enajenar el patrimonio territorial de la República que esté comprendida en esa zona económica exclusiva, ni a personas nacionales, mucho menos, a entidades o empresas extranjeras. Y lo reiteramos, el derecho de dominio, o de propiedad del Estado sobre esa ZEE tan nuestra, no se puede enajenar bajo ningún modo, se llame cesión, compraventa, arrendamiento, usufructo, comodato. Realizarlo en forma subrepticia, peor. Tarde o temprano, en una época cercana o lejana, el derecho de propiedad nacional que jamás prescribe en forma extintiva, puede dar lugar a entablar un litigio tanto a nivel interno como ante una instancia internacional y ya sabemos que los funcionarios, aunque cesen en sus cargos, siempre podrán responder ante los tribunales por actuaciones ilegales efectuada durante el ejercicio de los mismos. Por nuestra afinidad y simpatía con el pueblo chino, independiente de todo otro nexo, pediríamos a quienes negocian con el gobierno de El Salvador, indagarse exhaustivamente sobre la legalidad de esos arreglos que pueden significar pérdidas cuantiosas, por inconsultas y apresuradas inversiones.

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