Política

Las 17 diferencias de proyectos de ley de reconciliación definidas por los políticos

Gerson Chávez

martes 24, diciembre 2019 - 12:00 am

Las organizaciones difieren con los políticos sobre las penas de cárcel que enfrentarían las personas encontradas culpables de delitos de lesa humanidad. / DEM

Los técnicos de los partidos políticos y de la Asamblea Legislativa presentaron ayer, a la Comisión Política, el informe de la fusión de la “Ley de especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional” y de la “Ley especial para la reparación y acceso a la justicia para las víctimas del conflicto armado”.

El primer borrador mencionado fue presentado por partidos Arena, PCN y PDC y, el segundo, por las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

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El informe entregado a la Comisión Política establece 17 diferencias entre ambos anteproyectos y la primera es el marco de aplicación de las normativas.

El borrador de ley de los tres partidos establece que la normativa será aplicada a los crímenes de guerra y lesa humanidad que ocurrieron entre enero de 1980 y febrero de 1992. En cambio, las organizaciones piden que la ley abarque los crímenes ocurridos en la década de 1970.


En su sentencia de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, la Sala de lo Constitucional estableció que los hechos constitutivos de investigaciones deben ser abarcar el 1 de enero de 1980 hacia adelante porque eran precisamente esos crímenes los que habían quedado amnistiados.

La segunda diferencia que plasma el informe es que el proyecto de los tres partidos políticos establece que la normativa será aplicada a los miembros de la Fuerza Armada y de la guerrilla que estuvieron involucrados en los crímenes de guerra y lesa humanidad ocurridos en el conflicto armado. La propuesta de las organizaciones no especifica a qué grupo beligerante será aplicada la normativa.

 

Diferentes métodos de justicia

Aunque ambos proyectos proponen la creación de un sistema de reparación de víctimas del conflicto armado, contrastan en el tema del acceso a la justicia.

Por ejemplo, el proyecto de los partidos determina  que la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá seis meses, luego de la presentación de las denuncias de las víctimas, para decidir si un caso puede ser judicializado o enviado al archivo y que la FGR investigará un crimen a petición de los familiares de las víctimas.

En cambio, el proyecto de ley de las organizaciones propone que no haya plazo para la presentación de las denuncias y que la FGR inicie de oficio las investigaciones de los crímenes en la guerra y lesa humanidad.

Otra diferencia es sobre materia penal: las organizaciones piden no menos de 10 años de cárcel en contra de quienes ocupaban las cúpulas, máximas jefaturas, eran cabecillas o dirigentes en la cadena de mando en el momento de que ocurrieron los crímenes, y no menos de cinco años de cárcel para los autores materiales.

El informe destaca que los partidos políticos proponen que sea el juez quien imponga la pena carcelaria pero que la pena oscile entre “la tercera parte del mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión contemplada para el delito imputado”.

Otro tema destacado en el informe es que los partidos políticos determinan que “la colaboración en el conocimiento de la verdad no implica el otorgamiento del criterio de oportunidad”.

En cambio, las organizaciones defensoras de derechos humanos proponen en su proyecto de ley de que será otorgado el criterio de oportunidad solo a quienes hayan contribuido en el esclarecimiento de los hechos y haya denunciado la participación de otros implicados.

 

 

La fecha

13/07/2016

La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 y revivió la Ley de Reconciliación General de 1992.

 

  

Entre los dos anteproyectos

 

Archivo o prescripción

La propuesta de ley presentada por Arena, PCN y PDC estipula que la Fiscalía General de la República tendrá seis meses para judicializar un caso o enviarlo al archivo luego de un año. Las organizaciones piden que no prescriban.

 

Penas hasta 10 años vrs. Mímima

Las organizaciones solicitan no menos de 10 años de cárcel en contra de las cúpulas o máximas jefaturas que estaban en el momento en que ocurrieron los crímenes de guerra y lesa humanidad. Los partidos solicitan la pena mímina.

 

Periodos de aplicación de ley

La propuesta de los partidos dice que la nueva ley estará delimitada a los crímenes que ocurrieron entre el enero de 1980 y febrero de 1992. En cambio, las organizaciones piden incluir los crímenes de la década de 1970.

 

Declaratoria de reserva

El proyecto de ley de las organizaciones es claro al señalar que ningún proceso judicial de juzgamiento de crímenes de guerra y lesa humanidad tendrá reserva. En cambio, el proyecto de ley de los partidos no tiene disposiciones sobre este tema.




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