Cerrar [X]

Editorial & Opinion

Las reelecciones del dictador

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Dr. Carlos Armando Domínguez (*)

viernes 1, diciembre 2017 - 12:00 am

La Asamblea eligió como Presidente de la República al ingeniero Arturo Araujo, y como vicepresidente al general Maximiliano Hernández Martínez. Éstos tomaron posesión de sus respectivos cargos el 1 de marzo de 1931, por un período de cuatro años, época en que el país era azotado por una grave crisis económica y social, consecuencia -se decía- de la Gran Depresión Mundial.

El 2 de diciembre de 1931, nueve meses después de la fecha en que ambos  tomaron posesión de sus cargos, tenientes y capitanes de los regimientos de San Salvador derrocaron al Gobierno y constituyeron un Directorio Militar. El 4 de diciembre de 1931 -2 días después- el Directorio Militar entregó el poder al Vicepresidente de la República, general Hernández Martínez; y el 15 de diciembre la Asamblea Legislativa lo reconoció como Presidente.

El 28 de agosto de 1934, seis meses antes de finalizar el período presidencial, el gobernante formó el partido “Pro Patria” para participar en las elecciones que serían celebradas en enero de 1935, y depositó la Presidencia de la República en uno de los designados, el general Andrés Ignacio Menéndez, su Ministro de Guerra. El depósito tuvo por objeto evadir el inciso segundo del Art. 91 de la Constitución Política de 1886 que prescribía: ‘‘Tampoco podrá ser electo Presidente para el siguiente período, el ciudadano que hubiere ejercido la Presidencia Constitucional dentro de los últimos seis meses del tiempo señalado en el período anterior’’.

publicidad

A las elecciones no se presentó ningún otro partido. El general Hernández Martínez -candidato único- ganó las elecciones, sin oposición, para un período de cuatro años, que comenzó el 1 de marzo de 1935 y finalizó el 1 de marzo de 1939.

En julio de 1938, faltando siete meses para cumplir su período, el presidente Hernández Martínez hizo del conocimiento de su Gabinete sus deseos de continuar en el cargo, ya no por la vía electoral -por estar prohibida la reelección- sino por mandato constitucional.


El 20 de enero de 1939 la Asamblea Nacional Constituyente promulgó una nueva Constitución, cuyo Inc. 3° del Art. 91 declaraba: ‘‘Excepcionalmente, y por exigirlo así los intereses nacionales, el ciudadano que habrá de ejercer la Presidencia de la República, del primero de marzo del corriente año (1939) hasta el primero de enero de 1945, será electo por los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, sin que por esta única vez tengan aplicación las incapacidades a que se refiere el Art. 94’’; el inciso primero de este artículo decía: ‘‘El ciudadano que hubiere ejercido la Presidencia de la República en propiedad no podrá ser reelecto Presidente de la República, ni electo designado sino después de haber transcurrido igual período, que comenzará el primero de enero del año de la renovación’’.

El primero de marzo de 1939 inició un nuevo período  el general Hernández Martínez, ya como Dictador Constitucional (ilegítimo), y juró cumplir y hacer cumplir la nueva Constitución, que derogó la Constitución del 13 de agosto de 1886, promulgada bajo el Gobierno del general Francisco Menéndez.

El presidente Hernández Martínez, adicto ya al poder, ordenó a la Asamblea Legislativa que convocara una Asamblea Constituyente para introducir en 1944 reformas  a la Constitución de 1939, que le permitieran continuar en el poder.

La reforma del Art. 90, decía: ‘‘Por convenir a los intereses públicos … el ciudadano que deberá ejercer, conforme esta Constitución, la Presidencia de la República desde el primero de marzo del corriente año, hasta el 31 de diciembre de 1949, será designado por los Diputados de la actual Asamblea Nacional Constituyente’’.

Las reformas de 1944, que configuraron un Estado totalitario, y el continuismo, fueron las causas que originaron la insurrección del 2 de abril de ese año, que desgraciadamente fracasó; el derramamiento de sangre de los líderes civiles y militares provocó una  huelga general (de brazos caídos), que obligó al dictador a renunciar el 9 de mayo de 1944. Abandonó el país el día siguiente. EL 2 de abril de 1944 y el heroísmo de los condenados a muerte simbolizan la lucha patria contra el despotismo y el sacrificio en aras de la libertad del pueblo, sentenció Mario Salazar Valiente.

(*) Constituyente de 1950, en la actual dignidad de su vejez.




RECOMENDACIÓN DE LA REDACCIÓN

La Navidad, mi visión personal

Diciembre, el último mes del año, ha llegado por fin. En esta época, la humanidad celebra …

MÁS INFORMACIÓN
El cáncer del nepotismo

Nadie en su sano juicio, podría negar el vergonzante nepotismo imperante en la mayoría de entidade...

MÁS INFORMACIÓN
Por una pensión digna para los maestros y para todos

Una jubilación debe ser digna y merecedora de una buena condición de vida. Después de 30 …

MÁS INFORMACIÓN


Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras, de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.