Editorial & Opinion

Lecciones de Bolivia

Eugenio Chicas / Diputado del FMLN al Parlacen

jueves 21, noviembre 2019 - 12:00 am

Una cruenta crisis política desangra a Bolivia, con un resultado trágico de más de 20 personas asesinadas, cientos de heridos y un proceso de desestabilización generalizada que tiende a agravarse, bajo una salvaje ola represiva ejecutada -de acuerdo a denuncias- por cuerpos policiales, militares y grupos ultraconservadores, violaciones a derechos humanos que han sido condenadas por Naciones Unidas.

Estos graves acontecimientos fueron desencadenados tras un golpe de estado que conminó al presidente Evo Morales Ayma y su vicepresidente Álvaro García Linera a renunciar. “El golpe”, de acuerdo a distintos análisis, aunque fue gestado meses antes de la elección, estalló tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas del pasado 20 de octubre.

Antes de esta crisis, a Bolivia se le reconocían: su extraordinaria estabilidad social y política, macro y micro económica, transparencia, condiciones de paz y buen gobierno; así como el más eficiente crecimiento económico de América Latina que lo llevó de ser el país más pobre, al de mayor incremento (de acuerdo a CEPAL más del 4.5 %), respaldado por un creciente flujo de inversiones estimuladas por la credibilidad de las reglas del juego. Este panorama llevó a Bolivia -en apenas 13 años- al más extraordinario proceso de descolonización de una sociedad mayoritariamente indígena y que en un corto periodo de gestión gubernamental alcanzó un impresionante desarrollo que llevó a la inclusión e igualdad de la población en general y, en especial, de los pueblos originarios.

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Alguna vez Morales dijo: “...no quiero ser el mejor presidente de Bolivia, quiero ser presidente de la mejor Bolivia de la historia”. Bolivia en una década incrementó su PIB en 400 %; nacionalizó el agua regulándola como un derecho humano; se nacionalizó el gas natural y se colocó como pilar del desarrollo de su población; se abrieron fábricas textiles, otras para el procesamiento del litio -material estratégico en la industria tecnológica-, dos plantas ensambladoras automotrices y más de 12,600 cooperativas organizadas. El salario mínimo fue aumentado en un mil por ciento, colocó en el espacio su satélite “Tupac Katari” para hacer eficientes sus comunicaciones y para la información ambiental y meteorológica; universalizó la pensión para adultos mayores de 65 años; estableció el bono para todos los estudiantes, el analfabetismo fue reducido del 22,7 % a 2,3 %; y además, construyeron más de 25,000 km de carreteras, 134 hospitales, más de siete mil centros deportivos y mil cien nuevas escuelas.

La polarización política y social desde siempre estuvo presente en Bolivia, país esquilmado de su riqueza minera, sometido a duras condiciones de oprobio por los colonizadores, primero, y, después, por poderosos grupos económicos criollos y transnacionales.


Evo Morales Ayma proviene de una humilde familia de pastoreo perteneciente a la etnia Aymara, líder sindical de los cocaleros indígenas, fue secretario ejecutivo de la Federación del Trópico de Cochabamba, diputado en dos periodos (1997 y 2002) y electo presidente en tres elecciones consecutivas (2005, 2010 y 2015) por el Movimiento al Socialismo. Durante su gestión muchos de los potentados económicos perdieron sus privilegios.

El resultado electoral del 20 de octubre, de acuerdo al escrutinio oficial al 99,99 %, otorgó a Evo Morales el 47,7 % y a Carlos Mesa el 36,51 %, con una diferencia de 10,56 % entre ambos. En el sistema electoral boliviano, más del 40 % de los votos válidos con una diferencia superior de 10 puntos entre el primero y segundo competidor es suficiente para evitar una segunda vuelta. El fallo en el sistema cuando aún no se había sobrepasado el 10 % puso en tela de juicio el resultado electoral.

A solicitud del TSE de Bolivia (oficio OSG/343-19), a través del Canciller, la OEA efectuaría “una auditoría del proceso electoral”. Sin embargo, muchas son las dudas sobre la parcialidad con la que ha actuado en más de una ocasión este organismo regional. No fueron examinadas, una a una, las más de 33,000 actas de las mesas de votación y tampoco hubo auditorías de contraste, para verificar metodologías, tamaño e insaculación técnica de muestras. Hoy la prioridad es volver al cauce constitucional, cuya piedra angular serán las decisiones del poder legislativo; sin embargo, hay que cuestionarse cuán legítima es la autoridad de la presidenta interina investida por las fuerzas armadas sin el aval legislativo.




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