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Editorial & Opinion

Licitaciones para compra de armas

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Hugo Ernesto Fonseca A.

viernes 17, noviembre 2017 - 12:00 am

La Sala de lo Constitucional el 25 de octubre 2017 emitió sentencia en el Proceso de Inconstitucionalidad 67-2015, en el cual se impugnaba el literal h) del Art. 72 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que autorizaba la compra por contratación directa de equipo y material de guerra, calificado de esa manera por el Ministerio de la Defensa y aprobado por el Presidente de la República, por vulnerar el Art. 234 inc. 1° Cn., que establece que cuando el Estado tenga que celebrar contratos para realizar obras o adquirir bienes muebles comprometiendo fondos o bienes públicos, deberán someterse a licitación pública, excepto en los casos determinados por la ley. Estableciéndose así el carácter general de la licitación como mecanismo de contratación de la administración pública.

Algunos erróneamente entendieron que la Sala con esa inconstitucionalidad obligaba a hacer público el concurso y los términos de referencia en las compras militares. No entendiendo lo expresado por la Sentencia.

A mi criterio ello no sucederá. Pues según el Art. 168 ord. 7º Cn cuando se trata de planes militares secretos, no se informan, aun a la Asamblea Legislativa, tal como lo consideraron las Constituciones de 1886, 1939, 1945, 1950 y 1962. Deben ser manejados con la confidencialidad necesaria, porque serán los medios con que se facilita la Seguridad Nacional.

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La Seguridad Nacional, es un concepto incomprendido o ignorado. Este concepto se puede colegir de la misma Constitución, así: “La Seguridad Nacional es la función, por medio de la cual los habitantes de El Salvador, en especial los ciudadanos, haciendo uso de la capacidad nacional y bajo la dirección de los funcionarios del gobierno, protegen a la nación de cualquier amenaza, interna o externa, en contra de: su dignidad como seres humanos, del logro del bien común, del ejercicio de la soberanía, del goce de las libertades y los derechos constitucionales, del mantenimiento de un gobierno inalterable en su forma y sistema, con alternabilidad presidencial, y de la preservación del territorio nacional irreductible; con el fin de lograr la estabilidad social y el desarrollo de la nación”.

La historia militar está llena de hechos relativos a estas adquisiciones, tal como la que se realizó en 1967 a la empresa Heckler & Koch de los fusiles automáticos G-3, con un plan de compra coadyuvante al plan de defensa de la población salvadoreña en Honduras. Esta adquisición y traslado se realizó en secreto y definió el papel de la Fuerza Armada en la guerra por la dignidad nacional.


La compra de equipo o material de guerra corresponde a los contenidos secretos de un Plan Militar de Adquisición de Material y Equipo Militar, lo que está intrínsecamente relacionado con la planificación para la defensa del país, frente a las amenazas tradicionales y emergentes.

La Sala declaró inconstitucional el literal h del Art. 71 LACAP, estableciendo: “respecto del carácter general de la licitación como mecanismo de contratación de la administración pública, la razón es que el citado precepto legal permite el uso de la contratación directa como mecanismo normal de contratación del abastecimiento de equipo o material de guerra para todo el sistema de defensa nacional”.

NO PROHÍBE el uso de la contratación directa como mecanismo de contratación del abastecimiento del equipo o material de guerra. Por tanto, el Ministerio de la Defensa debe proyectar el Plan de Adquisiciones de Material y Equipo Militar, concebido por la Constitución como secreto, presentarlo al Comandante General de la Fuerza Armada, para su aprobación y realizar la contratación directa, como mecanismo AD HOC.

Por la naturaleza de la compra de material para la defensa, esta forma de contratación ES LA MÁS CONVENIENTE, y así lo vio la Sala, proporcionando el camino para hacerlo, bajo el régimen de excepción que contempla la Carta Magna. Es pertinente, a mi parecer, relacionar lo expuesto en la Sentencia de la Honorable Sala de lo Constitucional en este proceso, haciendo la debida calificación de planes militares secretos que sea necesario mantener en reserva. Impera el principio hermenéutico de que si la legislación distingue, cabe hacerlo al intérprete. Además de hacer propio lo que dijo Sun Tzu: El mando, ha de tener como cualidades: sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina.




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