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Política

Limitan extinción de dominio para enriquecimiento ilícito

Carol Santos / Gerson Chávez / Yolanda Magaña

miércoles 19, julio 2017 - 12:10 am

Una aprobación casi simultánea de tres reformas generó polémica ayer en la Asamblea Legislativa. La embajadora de EE.UU. señaló retroceso en lucha anticorrupción. / Óscar Machón

Todos los diputados del FMLN excepto Rolando Mata, todos los de GANA excepto Francisco Zablah, la diputada Carolina Rodríguez de ARENA y los diputados del PCN Francisco Merino y Reynaldo Cardoza votaron en sesión plenaria polémicas reformas a la Ley de Extinción de Dominio.

La reforma a la extinción de dominio quita fuerza a la aplicación de la extinción de bienes en casos de enriquecimiento ilícito, ya que sostiene que “no será ejercida” hasta que se agote el proceso en la Cámara de lo Civil por dicho delito y se eliminó de la aplicación de la ley a los “bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado”.

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El decreto 65 también da a la Fiscalía General la obligación de “probar el origen o la destinación ilícita de los bienes sujetos a extinción de dominio” en estos casos, aunque en los casos relacionados al crimen organizado, terrorismo, pandillas, narcotráfico, “se presumirá el incremento patrimonial no justificado” para extinguir los bienes.

Los casos prescribirán en 10 años para bienes de origen o destino ilícito y en 30 años por delitos de terrorismo, maras, pandillas, crimen organizado y narcotráfico. También podrán ser archivados después de 12 meses luego de no haber encontrado pruebas, un hecho que según la reforma “tendrá la fuerza de cosa juzgada”.


Así también, elimina el concepto de “bienes por valor equivalente”, bienes lícitos extinguidos  en sustitución de bienes ilícitos no encontrados, permite modificar medidas cautelares en audiencias, recurrir casos en casación, protege de la extinción bienes de uso familiar mientras no haya resolución definitiva.

 

Aval de tres reformas

Poco después de las 3:00 de la tarde el diputado Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa, convocó a las comisiones de Hacienda y de Legislación.

Una hora después, ambas comisiones realizadas sin el ingreso de periodistas, emitieron dos dictámenes: uno que reformaba la normativa que faculta expropiar bienes ilícitos y otra que posibilita al Estado a acceder a la mitad de los ahorros para pensiones, a través de venta de Certificados de Inversión Previsional, con el fin de pagar pensiones del sistema público.

La reforma no fue discutida en sesión plenaria. Ambos dictámenes fueron leídos por diputados de ARENA, pero ninguno pidió la palabra.

A las 5:30 de la tarde, los diputados aprobaron la dispensa de trámites a una reforma que permite avalar que los diputados que se han cambiado de partido antes del 1 de marzo puedan participar en las elecciones. Por este dictamen sí votaron Zablah  (GANA) y Mata (FMLN). Diputados de ARENA empezaron a reclamar y señalaron de “combo” las tres aprobaciones.

“No podía quedarme callado y decir que se consumó el combo del que tanto habían estado planificando. Esperemos que el pueblo salvadoreño les pase la factura el 4 de marzo del otro año”, dijo el diputado Alberto Romero, jefe de fracción de ARENA, partido que recordó que el Presidente puede vetar las reformas.

Diputados del FMLN arremetieron contra ARENA.  Norma Guevara, del FMLN, les dijo que unos estarán felices con su pensión y los otros porque serán juzgados con respecto a las garantías constitucionales. Calixto Mejía les dijo: “Devuelvan lo robado”.

Luego, el jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, dijo:  “Aquí hay diputados que han sido señalados por recibir sobresueldos, a esa gente estamos blindando ahorita y tengo información que diputados andan mal de salud a raíz de que podría haber una extinción de propiedades”.

 

50 % del fondo para pensiones

Es el nuevo límite que según la reforma se podrán invertir en Certificados de Inversión Previsionales (CIP), títulos que son vendidos por el Gobierno para acceder a fondos y así poder pagar obligaciones previsionales, pensiones públicas y deudas. Actualmente es el 45 %.




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