Editorial & Opinion

Límites al poder

Rafael Domínguez / Periodista

miércoles 25, septiembre 2019 - 12:00 am

La Constitución de la República establece lo que podemos y no podemos hacer. La Constitución es un contrato general al que cada salvadoreño se adhiere por la mera nacionalidad, ese contrato nos dice a todos hasta dónde podemos llegar, qué debemos esperar y qué podemos exigir a las autoridades en cada área de la administración del Estado. Por otro lado, hay que decir que ser funcionario público es pasar a ser contraparte del contrato; es decir, pasar de ciudadano común y corriente a uno con obligaciones para con los otros ciudadanos, porque el principio del Gobierno civil es servicio, de ahí que la palabra ministro deriva del latín Minister, que significa sirviente; y un “sirviente” no puede hacer lo que le plazca, está supeditado a lo que su amo o a quien sirve establezca.

Como cada ciudadano pasa a ser amo y el funcionario su sirviente, se necesita una manera de establecer esa relación, y es ahí donde nace una constitución. Por cierto, la primera constitución podríamos decir fueron los 10 mandamientos; y la ley dictada a Moisés por Dios para que el pueblo Hebreo pudiera ser gobernado y establecido como tal, todos la aceptaron, y bajo ese contrato o pacto pudieron constituirse como un solo pueblo.

Estos principios siguen vigentes: tener una ley general,  todos aceptarla  y adquirir compromiso de respetarla, porque un pueblo sin ley ¿a quién puede obedecer? Entonces, el que sirve no puede ser más grande que el que lo colocó en el cargo de sirviente. En nuestra constitución, la persona, el salvadoreño, es el centro y finalidad de la misma.Es decir, que el que sirve debe hacerlo para darle a la persona (al común) su amo, todo lo que necesita para mejorar su vida, su familia, su educación, su economía, su salud, etc… y establece la relación entre uno y otro, establece cómo una persona puede convertirse en sirviente, establece sus capacidades, sus poderes;le dice hasta dónde puede llegar, y este no podrá ir más lejos de lo que la misma ley le permite hacer. Por otro lado, el ciudadano tiene toda la libertad para hacer, excepto aquello que la ley le prohíbe.

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Desde ahí ya se establece que el límite superior lo tiene el ciudadano, tanto que incluso le da derecho a la insurrección, que no es más que deshacerse del sirviente por la vía armada o la fuerza, cuando este ha rebasado los límites.

Los ciudadanos hayamos votado o no, seamos del partido o no de quien pasó a ser sirviente, no podemos olvidar estos principios y no podemos dejar al que sirve imponernos nada fuera de la constitución y fuera de los límites; ningún Gobierno, por eficiente o bueno que sea en administrar y mejorar nuestras vidas de ciudadano, puede tener control sobre el resto de ciudadanos, no puede decirnos cómo vivir, determinarnos lo que hemos de hacer o no hacer, mucho menos administrar sin rendir cuentas o responder a los ciudadanos que le mandan, por la calidad y resultados de su temporal administración, por cierto por eso es temporal y tiene límites en los que puede ejercer esa función.


El problema de nuestro país es que hemos perdido los principios y el que sirve ahora se hace servir, el que debería mejorarnos al resto, se mejora así mismo con dinero de los impuestos que el resto se priva para destinarlos al bien común, el que sirve quiere hacer lo que está en su mente y no en la ley, quiere forzarnos a su administración y no hacer lo que la ley dice que debe ser su administración, los ciudadanos estamos dando más poder del que debe a los que le deberían servir, he ahí que luego se cumple el dicho: no tiene culpa el indio sino el que lo hizo compadre. ¿Queremos un mejor país? Pongamos límites al poder y que los que deben servir, sirvan…




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