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Editorial & Opinion

Los beneficios en disminuir el número de diputados

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

sábado 23, marzo 2019 - 12:00 am

Un tema actual que se comenta, en forma insistente, es sobre el proyecto que impulsaría la nueva administración, de disminuir el número de diputados a la Asamblea Legislativa, convirtiendo el pleno actual de ochenta  y cuatro legisladores a solo sesenta miembros, idea que, siendo sinceros, ha sido recibida con mucho interés por diversos sectores del quehacer nacional, tomando en cuenta que si bien somos un país superpoblado. También se encuentra el factor predominante de la pequeñez territorial que, en cierto modo, debió ser la piedra angular para que las diversas administraciones gubernamentales, con atinados criterios de avance, hace mucho tiempo hubieran logrado no solo la modernización estatal, sino que muchos problemas sociales y económicos, estarían posiblemente en camino de una solución efectiva.

Podríamos citar muchos ejemplos del descuido gubernamental en este aspecto crucial, que nos mantiene aún clasificados en la ominosa calificación de “naciones subdesarrolladas” o, dicho en forma diplomática, en la categoría nada deseable de “países en desarrollo”, cuando ya transcurrieron casi 20 años del siglo XXI y aún conservamos esquemas de trabajo análogos a los que hacían nuestros abuelos en los inicios del siglo pasado. Algo digno de publicarse en la conocida sección de “Aunque Ud. no lo crea” de Ripley, que recopila datos muy curiosos alrededor del mundo.

Para no quedarme en la especulación, cito por ejemplo la reciente convocatoria al cargo de Procurador General de la República, donde tuve la experiencia de que ciertas instituciones, ubicadas en nuestra capital, que debían dar informes escritos sobre mi conducta profesional, tardaron hasta diez o más días para entregármelas y en el caso de que esos informes se enviaron por correo, hablemos de una espera de hasta quince días. Y eso que somos un país de poca extensión geográfica.

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Lo burocrático y rutinario parece ser la medida del lento quehacer oficial y eso trasciende a otras áreas, por ejemplo, a muchos años que se inventaran las nuevas tecnologías, todavía se mantienen esquemas rígidos que nos hacen perder tiempo, seguridad y eficacia. Tal y como me decía recientemente un colega, el país ya ni siquiera debía contar con un solo analfabeta, ni reductos territoriales ocupados por antisociales.

La proyectada reducción legislativa implica, por lógica aritmética, reducir municipios y, por ende, reducir departamentos. No es nada nuevo. En la época colonial y 60 años después de emanciparnos de la corona española, en el Oriente solo teníamos el gran departamento de San Miguel, que comprendía todo lo que hoy conocemos como la Zona Oriental.


A pesar que eran tiempos sin muchos caminos construidos, con transportes rudimentarios, donde predominaban las carretas tiradas por bueyes o carruajes impulsados por caballos, que cada cierto número de kilómetros recorridos, debían descansar y ser reemplazados por otras bestias, no pensaron en tener más zonas, hasta que el doctor Francisco Dueñas, dividió ese departamento en los cuatro que conocemos ahora.

El estado actual de modernas vías como la Carretera del Litoral, mejores medios de transporte y futura recreación del sistema ferroviario, hacen prever que las distancias se recorrerán en menor tiempo y con mayor eficiencia en el futuro próximo. Hay antecedentes históricos de reducir municipios. Países vecinos, con mayor extensión territorial, tienen pocos departamentos (o provincias) y menos municipios que los salvadoreños. Es una relación directamente proporcional y benéfica para reducir todo el aparataje estatal.

Otra consideración, entre varias, es sobre la economía presupuestaria. Además de los diputados propietarios, tenemos igual número de suplentes, lo que hace un total de ciento sesenta y ocho legisladores, aparte que los suplentes en su mayoría, ocupan puestos de asesores en el Órgano Legislativo, lo cual requiere gastar en otros insumos, como oficinas, personal auxiliar, equipos, vehículos con su respectiva dotación de combustible, honorarios o sueldos, etcétera  o sea, es una erogación de recursos calculada, groso modo, en más de 80 millones de dólares anuales que podrían destinarse a otros  rubros de interés y beneficio  social para el país. Podríamos seguir desglosando los efectos positivos de esta reducción, incluyendo el cierre definitivo al descarado nepotismo vergonzante, un mal administrativo que se ha observado en los últimos años en la esfera legislativa especialmente. Guste o no guste, como repetía alguien, debemos modernizarnos.




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