Editorial & Opinion

Los debates deben ser obligatorios por ley

Jaime Ulises Marinero / Periodista

martes 22, enero 2019 - 12:00 am

En ninguna parte de la legislación salvadoreña se establece que los debates son obligatorios para quienes participan en un proceso electoral edilicio, parlamentario o presidencial. Al no estar legislado, participar o no en un debate público, depende de la “buena voluntad” de los candidatos de acuerdo a sus estrategias de campaña.

Como una estricta estrategia electoral quien se considera en segundo lugar o menos que esa posición, está obligado a retar al debate a quien considera el rival a vencer. Ante la falta de legislación obviamente quien considera que tiene ventaja electoral, puede darse el lujo de rechazar el debate, sin descuidarse, pues esa decisión le puede afectar en cuanto a cúmulo de adeptos. Ya ha pasado que quien se niega a debatir pierde la contienda electoral, ejemplos así han ocurrido en Panamá, Colombia, Brasil, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, España, Honduras, República Dominicana, Perú y otros países.

Las experiencias en sociedades democráticas  han demostrado a lo largo de la historia mundial que quien se niega a debatir, generalmente pierde posiciones y hasta elecciones. Un debate es el acto de discutir sobre un mismo tema o propuesta defendiendo cada quien sus opiniones e intereses. El viejo estribillo de debatir con sus seguidores y no con sus rivales no es válido, en cuanto a que no hay oposición ideológica y por ende  no hay discordia de fondo y forma. Con los correligionarios se discute y se consensa, con los rivales se debate.

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A los correligionarios o a la militancia se le dice que se construirá un puente y se reciben aplausos, mientras que en un debate se explica cómo, por qué, cuándo y dónde se hará el puente. Se defiende la posición justificando por qué es necesario el puente, mientras el rival desvirtúa la necesidad del puente al no haber forma ni fondo para construirlo. Ante los adeptos cualquier realidad ideal se hace realidad material, porque no hay cuestionamientos ni propuestas encontradas; mientras que en un debate se deja en evidencia lo concreto de las propuestas o lo idealista de las mismas.

Se debe debatir por respeto a la ciudadanía que tiene derecho a conocer las posiciones de sus candidatos respecto a los temas de gran envergadura que afectan cotidianamente a los salvadoreños. Se debe debatir por la institucionalidad del país y la garantía democrática, por el respeto a la libertad de conocimiento y por cultura de desarrollo. Sin embargo, como ya lo sostuve, debatir o no debatir queda a voluntad del candidato con base a los  criterios de su estrategia de campaña electoral.


Los debates, insisto, deben legislarse en el Código Electoral para que sean obligatorios. Los candidatos a alcaldes, a diputados y a presidentes deben debatir de frente a la sociedad. Ahora bien, por razones de justicia, de equidad y de transparencia democrática, los debates deben ser organizados por el mismo Tribunal Suprema Electoral, el que perfectamente puede y debe buscar el apoyo de la comunidad internacional, las organizaciones democráticas, la academia, la sociedad organizada  y los medios de comunicación, con el consenso de los contendientes y sus equipos de campaña. Las reglas deben ser claras, precisas y literalmente democráticas.

Un debate permite descubrir estadistas y aprovechados. Verdades y mentiras. Propuestas y demagogias. No es lo mismo hacer uso de la retórica populista en un mitin frente a mis simpatizantes que estar frente a alguien que  me pide explicaciones y puede descubrir mis falencias y mis falacias.

La cantidad de debates, los momentos y las formas y contenidos deben establecerse en la legislación electoral. El margen de criterio o libre albedrío para realizar estas actividades debe ser mínimo. Los debates deben, incluso, tener su propio cuerpo de ley.

En las actuales elecciones presidenciales, ha habido un candidato que por pura estrategia (ya sea por temor a exponerse, por ventaja de adeptos, por exceso de confianza, por cuidar su imagen o por capricho) no ha participado en los debates. Sin embargo, nadie ni nada pudo obligarlo, pues no existe una ley. Personalmente le hubiera recomendado participar por respeto a la ciudadanía en general y a sus simpatizantes; no obstante, la imperfección de nuestra democracia permite esas licencias y él y su partido deberán asumir las consecuencias negativas o positivas de su decisión.

Vendrán otras elecciones para alcaldes, diputados y presidentes. Urge entonces legislar sobre la obligatoriedad de los debates electorales. Los debates son una forma de potenciar la democracia.




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