Editorial & Opinion

Los desafíos fiscales del nuevo Gobierno

Lourdes Molina Escalante / Economista sénior Icefi @lb_esc

jueves 13, junio 2019 - 12:00 am

En nuestro país lo público está deslegitimado, las personas confían poco en las instituciones, y mucho menos aún, en quienes ejercen la función pública. Los casos de corrupción están a la orden del día y solo fortalecen la desconfianza ciudadana hacia el quehacer del Estado. En este contexto, un cambio de Gobierno representa la oportunidad de reivindicar el rol de lo público como garante del bienestar de las personas. Sin embargo, aprovechar la oportunidad de implementar políticas públicas efectivas no será fácil y requerirá mucho más que monólogos en las redes sociales, pues los desafíos que se presentan tienen causas estructurales. Una de las áreas que debería ser atendida estratégicamente por el nuevo Gobierno es la fiscal, evitando así repetir los errores de la administración Sánchez Cerén. La administración saliente pagó caro el costo de no buscar soluciones a los problemas estructurales de la política fiscal y de caer en la trampa del enfoque de austeridad, pues esto incidió negativamente en el cumplimiento de las metas del «Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 El Salvador: productivo, educado y seguro», especialmente en las áreas económica y social.

El nuevo Gobierno encabezado por Nayib Bukele, asume su mandato en medio de una situación fiscal crítica que dificultará concretar las 36,500 obras ofrecidas y el resto de sus promesas electorales, contenidas en el «Plan Cuscatlán»; con las obligaciones que le mandata la Constitución y la Ley de Responsabilidad Fiscal; y mucho más, con los compromisos asumidos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Entre los principales desafíos estructurales que el nuevo Gobierno deberá superar se encuentra un gasto público insuficiente para garantizar los derechos de toda la población con bienes y servicios públicos de calidad, que además no están vinculados a ningún proceso de planificación de mediano y largo plazos, carente de mecanismos de evaluación sobre su eficiencia y efectividad. Por el lado de los ingresos públicos, el desafío también es de insuficiencia de recursos, mismos que se recaudan de manera inequitativa y regresiva, sumándoseles altos niveles de evasión fiscal y la mala práctica de otorgar privilegios fiscales injustificados.

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A lo anterior se suman un déficit fiscal alto y niveles de deuda insostenibles: en los próximos cinco años se vencerán USD2,400 millones en bonos de los cuales solo se han autorizado el refinanciamiento de USD800 millones; adicionalmente se encuentran el pago de intereses y amortizaciones, que podrían ascender a otros USD2,500 millones. Asimismo, el nuevo Gobierno debe superar la opacidad fiscal, que se manifiesta en la nula participación ciudadana en las discusiones del presupuesto público; sistemas de compras y contrataciones obsoletos; y, un sistema de servicio civil anacrónico que deja espacio para el nepotismo y el conflicto de intereses.

Por si esto fuera poco, el gobierno del presidente Bukele deberá cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social, la cual establece que para 2021 la carga tributaria bruta no puede ser menor al 18.5 % del PIB y los gastos de consumo (remuneraciones y bienes y servicios) a partir de 2021 no pueden ser mayores a 14 % del PIB. Dicha ley mandata, para 2021, un ajuste fiscal de 3 % del PIB por medio de acomodos en ingresos y gastos, por lo que será tarea del nuevo Gobierno definir una hoja de ruta que permita cumplir con estas metas.


Definitivamente los desafíos fiscales son complejos y van más allá de lo que la Administración de turno pueda hacer, por eso es urgente que el gobierno del presidente Nayib Bukele inicie el proceso político para lograr un pacto fiscal, cumpliendo así con una de las promesas de campaña contenidas en el Plan Cuscatlán. El momento es ahora, la nueva administración tiene el capital político para liderar el proceso y lograr un acuerdo de esta envergadura. En estos momentos están dadas las condiciones para que los salvadoreños y salvadoreñas, por medio de un proceso de construcción abierto, transparente e incluyente, consensuemos el país que queremos construir, pero sobre todo definamos una política fiscal congruente con esas aspiraciones de democracia, desarrollo e igualdad. Señor Presidente, imagino que su preocupación no son cuántos likes recibe, sino cuántas vidas puede ayudar a mejorar, esta es su oportunidad para demostrar que no es como “los mismos de siempre”. Aprovéchela.




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