Editorial & Opinion

Los efectos del Plan de Control Territorial

Jaime Ramírez Ortega / Consultor legal y de negocios @JaimeRamirezO

miércoles 20, noviembre 2019 - 12:00 am

Ciertamente el número de muertos en El Salvador ha tenido una baja significativa, ya que desde los Acuerdos de Paz no se percibía un ambiente tranquilo en que las familias circularan por las calles sin temor a que les asesinaran a sus hijos o se los secuestraran. El promedio de personas que han perdido la vida, registradas desde el 01 de junio al 29 de octubre del año en curso, es de 3.7, lo cual es positivo con relación al promedio del mismo periodo del año 2018 que oscilaba en 8.7. Esta reducción supone un avance importantísimo en la construcción de una cultura de paz, y en la creación de espacios libres de violencia que tanto hemos anhelado los salvadoreños.

Ante el escenario anterior surgen algunas interrogantes: ¿Cómo deberá actuar el Gobierno, para mantener esa reducción de asesinatos en el tiempo? ¿Cuál será el rol de la sociedad civil? ¿Cómo deberán proceder los 84 diputados con la aprobación de los prestamos? Quizás no obtengamos respuestas inmediatas, pero es importante que juntos construyamos un mejor país y que los ciudadanos tengamos un rol más participativo en la toma de decisiones gubernamentales en materia de seguridad, auditando a los funcionarios para no cometer los mismos errores del pasado; en ese sentido, el Gobierno debe tener un dócil oído, para aprender a escuchar al pueblo.

Entiéndase por pueblo, todo aquel ciudadano que está a favor del gobierno con los ojos vendados, como aquella parte de la población que es escéptica a la implementación del Plan Control Territorial, y quizá todo ello tiene que ver con dos aspectos que han marcado la vida de miles de compatriotas que los han llevado a desconfiar de cualquier propuesta gubernamental: la primera situación tiene que ver con las falacias desarrolladas por gobiernos anteriores, donde jugaron con los sentimientos del pueblo al decir que la violencia pandilleril se acabaría con la mano dura, súper mano dura y luego la tregua. La historia nos demostró que todo ello fue un fracaso que costó millones de dólares de los contribuyentes

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El segundo aspecto por el cual desconfían algunos ciudadanos del Plan Control Territorial implementado por el Presidente, es el hermetismo en el manejo de los fondos públicos y la distribución de ese dinero, ya que existen algunas incongruencias, como por ejemplo: los $3.5 millones que han sido proyectados para personas naturales o el dinero proyectado para la construcción de calles, que están destinados en la fase de la reconstrucción del tejido social. De manera que ningún salvadoreño desea que la historia se repita, con relación a los saqueos que ha tenido el país con las anteriores administraciones (Flores, Saca y Funes).

De ahí surge un escepticismo legítimo; sin embargo, hay que separar la duda razonable que pueda tener un ciudadano de un plan de seguridad versus las rajas electorales que buscan obtener algunas fracciones políticas, al ponerle obstáculos al desarrollo del Plan Control Territorial, al oponerse sin dar mayores explicaciones, como si pretendieran en el fondo que le vaya mal al Presidente. Ahora bien, si le va mal al Presidente nos iría mal a todos los salvadoreños, porque estamos en el mismo barco; de modo que debemos aprender a convivir, y a luchar por derribar las diferencias existentes, y que avancemos hacia el diálogo.


En ese sentido, tanto el Presidente como el resto de funcionarios deben aprender a construir puentes de entendimiento, dejando atrás el protagonismo, el revanchismo y el orgullo, avanzando en el respeto mutuo y la tolerancia, porque la inseguridad en El Salvador no se gestó ayer, lleva tres décadas enquistada en las mentes de los niños y niñas; en consecuencia, la solución no es automática, aunque el presidente Bukele ha logrado lo que hasta ahora no había podido efectuar ningún mandatario anterior: reducir  drásticamente el número de asesinatos. Creo que vale la pena darle el beneficio de la duda y merece que se le apoye con los recursos necesarios, siempre y cuando sean auditados en legal forma.




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