Editorial & Opinion

Los gastos reservados deben auditarse

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

miércoles 7, agosto 2019 - 12:00 am

Extrañeza e incertidumbre nos ha causado, como profesionales del derecho, la información proporcionada por la Corte de Cuentas de la República (CCR), que el expresidente de la República Salvador Sánchez Cerén ocultó al ente contralor del país, “amparándose” en una ley secundaria, el uso de fondos públicos por más de $183 millones durante su administración gubernamental. Y digo que nos causa extrañeza e incertidumbre, por no escribir calificativos más duros, porque según el tenor de la noticia publicada en este prestigioso medio (DEM-29-8-2019), el exmandatario alegó disposiciones contenidas en la famosa Ley de Creación del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), con lo cual, él incurrió como primera impresión jurídica en incumplimiento manifiesto de los deberes atinentes a su cargo, ya que ninguna ley secundaria está por encima del ordenamiento constitucional que, en su artículo 168 le señala al Presidente de la República, las obligaciones contenidas del ordinal 1º. al 6º., que se relacionan con el tema que tratamos en esta oportunidad y, por otra parte, se debe analizar jurídicamente, la actuación misma de los auditores de la CCR, que posiblemente incumplieron su obligación contenida en el artículo 195 Cn., desde la fracción primera hasta la fracción cuarta por tratarse específicamente de fondos propios del erario nacional, que cada año se incluyen en el presupuesto, en base al cálculo de impuestos, tasas, aranceles y demás tributos que espera recibir el fisco de los contribuyentes y que el Estado devuelve en servicios de salud, educación, redes viales, seguridad pública, etcétera y no para que cualquier mandatario temporal los utilice a su discreción personal, o los gaste descontroladamente, amparado en normativas secundarias, que no pueden tolerarse ni admitirse, por contrariar la preeminencia de nuestra ley fundamental o primaria. Nos limitamos a mencionar únicamente las disposiciones constitucionales por razones de espacio.

Solo el año pasado (2018), señala la publicación, la presidencia de Sánchez Cerén se gastó nada menos que la bicoca de $38,553,565.77, que sumados a la totalidad de gastos durante su administración, implicó para el erario nacional y para los contribuyentes salvadoreños, otorgarle al inefable profesor y excomandante de uno de los grupos integrantes del FMLN, nada menos que $183,800,contantes y tronantes, cuya finalidad, uso y destino se desconocen hasta el momento de escribir esta columna. Si Sánchez Cerén hubiera ejercido normalmente el magisterio, a estas alturas creo que no tuviera siquiera mil dólares de ahorro y tampoco gozaría de una pensión jugosa, que de seguro le otorgarán, por esos cinco años de abnegado trabajo intenso, de enorme desgaste mental y corporal, en aras del bienestar público (?).

Retornemos a la CCR. Ella es, en esencia, el único  tribunal de cuentas a nivel nacional. Su importancia contralora sobre los fondos públicos desafortunadamente se ha visto empañada, en años pasados, al haber estado sometida a espurios intereses partidarios, que se gestaban u ordenaban desde el sillón de Casa Presidencial o las curules de la Asamblea Legislativa. La corruptela en el manejo de los recursos estatales, no solo dinero llegó a convertirse en un mal endémico del país y hasta cuasi un arreglo permitido. La “compostura” económica por medio de los puestos casi era anunciada, cuando a alguien se le daba un determinado cargo, que en el caló popular nuestro se conoce como “hueso carnudo”, donde el agraciado podía hincar goloso los incisivos de su avaricia corrupta en los dineros del pueblo, sin que nadie dijera nada en su contra. En la historia de nuestros presidentes, habidos desde 1840, cuando se rompió definitivamente la Federación centroamericana, solo unos cuantos de ellos pueden ser llamados honestos, en el sentido exacto del concepto gramatical y ético. Por eso, desde principios del siglo XX se creó la entidad contralora de la hacienda pública y la ejecución del presupuesto. Por eso, nos causa extrañeza e incertidumbre que aceptaran las excusas “escondeleras” que esgrimiera el exmandatario, que por hoy quedarían “en suspenso”, mientras él como exgobernante, conserva su responsabilidad, según el artículo 171 de la Constitución.

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