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Editorial & Opinion

Los principios y valores en la interpretación constitucional

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: René Hernández Valiente.

viernes 7, septiembre 2018 - 12:00 am

El Preámbulo de la Constitución salvadoreña contiene los valores y principios básicos de la dignidad de la persona humana y de la democracia, elementos de la convivencia social y política en los términos siguientes: “… puesta nuestra confianza en Dios, nuestra voluntad en los altos destinos de la Patria y en ejercicio de la potestad soberana que el pueblo de El Salvador nos ha conferido, animados del ferviente deseo de establecer los fundamentos de la convivencia nacional con base en el respeto de la dignidad de la persona humana, en la construcción de una sociedad más justa, esencia de la democracia y al espíritu de libertad y justicia, valores de nuestra herencia humanista. Decretamos…”.

Estos preceptos introductorios de amplia abstracción, participan del valor  normativo de la Constitución, al configurar y representar el fundamento del espíritu que orienta la interpretación, creación y aplicación de toda norma jurídica.

A partir de allí, los principios y valores del Preámbulo se anuncian y citan para dictar leyes, sustentar alegatos y resolver casos en sentencias judiciales, como normas en aplicación de la ley. Por tal motivo, su conocimiento y comprensión son indispensables al litigante, jurista y al corpus júdice, más allá de las normas escritas en artículos de la ley y la Constitución.

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Estamos así ante los “principios y valores del orden constitucional” que con sencillez y respeto aceptamos en su rango superior del ordenamiento jurídico, cuyo sentido y alcance están siempre presentes en la función de interpretación y aplicación de la Constitución misma, y por ende son de  obligatorio conocimiento de los funcionarios, jueces y magistrados, en su responsabilidad jurada de defensores cotidianos de la Constitución. Más aún, siendo el Derecho un orden normativo de la conducta humana, esencialmente un “orden de libertad”, como afirmaba el jurista costarricense-salvadoreño Rodolfo Piza Escalante en su obra “Valores en la interpretación constitucional”, es necesario que el destinatario de las normas, el pueblo, las conozca y comprenda. Esto es, que las sepa interpretar. Ello trasciende al conocimiento por todos de la ley.

Por eso nos preocupa, cuando escuchamos a un diputado o comentarista de discutible formación jurídica constitucional, afirmar que se debe elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia que respeten total y únicamente el texto de la Constitución y nada más. También cuando observamos que la “literalidad” de los románticos de la Revolución Francesa no se ha superado aún, al sostener que los jueces son simplemente la “boca de la Ley”, vale pensar en “robots” de la justicia. Sin embargo, así se piensa por algunos en sede legislativa, olvidando que no hay palabra del lenguaje en general o del lenguaje jurídico en particular que pueda ser conocida y comprendida en su sentido pertinente si no es por un proceso interpretativo capaz de otorgarle y traducir su significación genérica, su percepción sensible, en ideas y conceptos válidos, incluso intangibles, en el contexto al que se refieren, que adquieren sentido obligatorio en la medida en que sean un instrumento eficaz para lo que interesa: la comprensión del Derecho por su destinatario final, el ser humano.


El maestro Piza Escalante exponía en una fórmula simplificadora para el intérprete, la conveniencia de “poner en sencillo lo que es difícil”, de desentrañar el sentido de la norma: traducir si fuere necesario, hasta donde sea posible, los conceptos jurídicos en los mandatos al alcance del destinatario -el hombre común-.

La interpretación constitucional se debate en tres planos: 1) en el sistema integrado de normas que resulta de los preceptos constitucionales de sus  valores y principios; 2) en la interpretación de las normas infra constitucionales  “conforme” a la Constitución; y, 3) en la interpretación de los hechos mismos, desde el punto de vista del Derecho Constitucional.

En conclusión, interpretar el Derecho es desentrañar el sentido de las normas para seleccionar y explicar las aplicables a cada caso de conformidad con principios.

Piza Escalante expresó: “Interpretar el Derecho en cualquiera de sus acepciones posibles sin acudir a sus principios generales, sería tanto como rebajar las normas jurídicas al más simple nivel del lenguaje, tiranizándolas antes que liberalizándolas”. La jurisprudencia que prescinda de hacerlo se convierte en un estéril ejercicio.




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