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Editorial & Opinion

Los seis poderes del Estado

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: René Fortín Magaña

viernes 2, noviembre 2018 - 12:00 am

Comenzamos estas reflexiones reconociendo y valorando en toda su dimensión la grandeza de la doctrina de los Tres Poderes: una doctrina que transformó históricamente la concepción del poder del Estado. ‘‘Nada hay más fuerte –dice la sabiduría popular- que una idea fuerza a la que le ha llegado a su hora’’. Eso fue, y continua siendo la doctrina mencionada, que subió a los altares cívicos los nombres de John Locke y Carlos de Secondat, Barón de Mostesquieu.

Pero la vida sigue su curso. Y la realidad va marcando nuevas pautas en el entramado social de los pueblos y en las concepciones políticas, las cuales evolucionan con el vuelo de la razón y el surgimiento de nuevos datos de la realidad, entre los cuales vemos aparecer brotes de poder no considerados con anterioridad.

La doctrina clásica ya había evolucionado desde que, en 1690, Locke nominó a los tres poderes Legislativo, Ejecutivo y Federativo. Por su parte Montesquieu, en 1748 en el célebre capítulo VI del libro Xl de ‘‘L’esprit des lois’’, distingue tres poderes: el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, distinción y nominación que ha durado hasta nuestros días.

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A mediados del siglo pasado, sin embargo, precisamente, cuando se promulgó entre nosotros la Constitución de 1950, ya surgían algunas interrogantes con respecto a la naturaleza de algunos organismos que, sin ser poderes, tenían una importancia fundamental para la buena marcha del Estado. Todos estos organismos quedaron englobados bajo los términos de entidades descentralizadas del Estado.

Pero entre ellas, sobresalen por su importancia y sus potestades, tres instituciones que avanzan indefectiblemente hacia la calidad de verdaderos Poderes del Estado. Ellos son: El Poder Electoral, La Contraloría General de la República y El Ministerio Público. El Poder Electoral por ejemplo, ¿es un poder en sí mismo? ¿O debemos considerarlo dependiente del Legislativo, del Ejecutivo o del Judicial? La lógica nos indica que no, porque estaría sometido a fuerzas ajenas al sólo poder del voto popular. ¿Y el control del gasto público? Puede ser un organismo dependiente o, por el contrario, ¿debe manejarse sin influencias e interferencias? ¿Y el Ministerio Público que en su vertiente fiscal vigila y controla el cumplimiento de la ley y tiene el monopolio de la investigación? ¿O qué, en su vertiente protectora, da asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos y vela por la defensa de las familias y de los incapaces? ¿O, en su vertiente garante de los derechos humanos, vela por su respeto e investiga los casos de violaciones a ellos?


La evolución de dichas Instituciones nos indica que se trata, en efecto, de tres nuevos poderes del Estado, idóneos para fortalecer el Estado de Derecho.

Ahora bien, para que esto tenga razón y sentido, es necesario en algunos casos modificar la estructura de dichas Instituciones. Es absurda, por ejemplo, la composición del Tribunal Supremo Electoral con delegados de los partidos mayoritarios que actúan siempre en función partidaria y no nacional. La corte de Cuentas de la República debe dejar su ‘‘titularidad vitalicia’’, producto de pactos bajo la mesa, y dar un salto de calidad para ampliar, cuantitativamente  y cualitativamente, sus potestades contraloras del gasto público y llegar a ser toda una Contraloría General de la República.

El Ministerio Público no parece necesitar restructuraciones a fondo. Sus potestades, muy grandes por voluntad del pueblo, están claramente detalladas en la Constitución y en las leyes. Por eso esperamos de dicho Ministerio, especialmente del Señor Fiscal General de la República que, tomando conciencia de su poder institucional, y de las amplísimas facultades que la Constitución y la ley le imponen en defensa de la legalidad y del Orden Jurídico, actúe con la seguridad y la energía que la población espera, especialmente en los momentos actuales en que las arbitrariedades de la Corte Suprema de Justicia, colocan en sus manos el rescate o el hundimiento de la Sección de Probidad, una de las pocas instituciones con que el país cuenta para frenar la corrupción y la impunidad que, como un cáncer corroen las entrañas de nuestra Patria.




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