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Editorial & Opinion

Luchas y derechos de los migrantes

Juan José Urbina / Economista Senior de Icefi @Juanjourbina

miércoles 31, octubre 2018 - 12:00 am

Intentar llegar a Estados Unidos no es la única lucha que enfrenta la población migrante. Las caravanas de migrantes han existido desde hace mucho tiempo. Generalmente han ocurrido cuando grupos de personas buscan escapar de desastres naturales, conflictos armados, dictaduras; y así como nuestros hermanos centroamericanos, de la pobreza y abandono de sus Gobiernos.

Sin embargo, el hecho que abandonen su país no quiere decir que sus derechos no vayan con ellos. Alejándonos de cualquier juicio de valor sobre los medios, razones y motivos de la caravana, es necesario apuntar que los derechos de la población migrante, en su paso por cualquier país―incluido México, están estipulados por los tratados internacionales ratificados, y por las constituciones políticas. Siendo unos de los principales derechos los siguientes: derecho al libre tránsito, derecho a la dignidad humana, derecho a no ser detenidos en albergues; también es un derecho poder retornar a su país y recibir atención consular.

Sin embargo, más allá de México, la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 13 reconoce el derecho a la libre circulación, en donde “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” y que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”. Mientras que por su parte la Convención de Ginebra (1951) prohíbe a los Estados parte imponer sanciones a las personas refugiadas que se hayan visto obligadas a entrar de manera ‘ilegal’ en su territorio y obliga a garantizar su libertad de circulación por el mismo, una vez hayan sido reconocidas como tales (art.31 y art. 26). Si existen todos estos protocolos facultativos que dan derechos a los migrantes ¿Qué es lo que sucede entonces?

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Lo que sucede es que, si bien los migrantes tienen el derecho a salir de sus países, las leyes internas de los países receptores de migrantes contienen artículos para la promoción de la “soberanía del territorio”. Las comillas representan sarcasmo por si hace falta aclararlo. Lo cual se encuentra en completa contradicción con el derecho a la libre circulación, y básicamente lo anula. Asimismo, los países aducen que ellos permiten la entrada siempre y cuando se haga por mecanismos o vías legales de migración, lo cual entonces elimina también el principio de universalidad de los derechos, y genera una clasificación discriminatoria de “buenos migrantes”.

Esta discordancia entre los protocolos internacionales y las leyes nacionales, es otra de las luchas eternas de los migrantes. Poco se ha avanzado, y más parece que las principales barreras son de índole ideológica, económica y política. Donde incluso los defensores del libre mercado se limitan únicamente a promover la libre movilización de los capitales y las mercancías, pero utilizan discursos xenófobos para impedir la entrada de las personas; esto a pesar de que la herencia producto de las migraciones es casi innegable para cualquier país.


Por último, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares nos invita a colaborar en otra lucha, la de no estigmatización de los migrantes. La cual comienza porque dejemos de referirnos a los migrantes como “ilegales” y más bien utilicemos al expresar nuestras opiniones con las expresiones “en situación irregular” o “no documentados”, como una forma más adecuada para la reivindicación de sus luchas. El uso del término “ilegal” tiende a estigmatizarlos al vincularlos con la delincuencia, cuando no podemos olvidar que han sido sus remesas las que han permitido que muchos de nosotros podamos optar al derecho de quedarnos.  Más allá del discurso, evitar la migración irregular y por condiciones relacionadas con la violencia o la pobreza, requiere universalizar la protección social (salud, educación, seguridad social) y promover alternativas económicas que aumenten el empleo y los salarios. Perseguir esto obliga a una lucha más, lograr la transformación profunda de la política fiscal, pues la actual―opaca, con ingresos y gastos insuficientes y repleta de privilegios fiscales para los que tienen más; es cómplice del hambre, la violencia y la desesperación de la mayoría de ciudadanos salvadoreños, hondureños y guatemaltecos.




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