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Editorial & Opinion

Mandato constitucional para el desarrollo económico y social

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Alonso Castillo Robles

viernes 2, marzo 2018 - 12:00 am

En 1972 El Salvador inició un despegue hacia el desarrollo económico y social mediante una planificación y coordinación, enfocada en el objetivo del bienestar colectivo. Se disponía del apoyo intelectual y técnico de Israel, Japón y  EE.UU., y se emprendió el trabajo con buen diseño, hasta que concluyó este esfuerzo en 1979. Para entonces, grupos extremistas o radicales de diferentes signos, con una ostensible ceguera, poco a poco debilitaron lo que se había logrado, incluso en capacitación de personal idóneo y en una legislación de corte social, pero con apoyo del desarrollo económico.

Cosa curiosa, con los “gobiernos civiles democráticos” desapareció la planificación para el desarrollo económico y social. Comenzó la era de la improvisación con marca “salvadoreña”, y por ello aún estamos como estamos, sin rumbo de país.

Afortunadamente, la Constitución de 1983, mantuvo una idea luminosa en los términos siguientes: “El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores.” (Art. 101 Inc. 2º).

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Ha llegado la hora de planificar y actuar frente a la crisis social y económica que golpea a la República, lo que se patentiza en múltiples índices de medición que revelan la difícil situación macroeconómica, por ejemplo: la falta de inversión privada nacional y extranjera, y el galopante desempleo, así como la contratación pública de militantes sin idoneidad técnica ni científica.

Hoy debemos, con carácter urgente, reabrir el sendero del desarrollo económico y social, con medidas de elevado impacto y, en esa perspectiva, habrá que implementar, por ejemplo -propongo al vuelo- una exención del cien por ciento del impuesto sobre la renta respecto de nuevas y preseleccionadas inversiones en toda la Zona Costero Marina, que ocupa la tercera parte del territorio nacional. Ello requiere una tarea legislativa, y estudios de apropiados niveles y participación académica y empresarial, con asesoría de USAID en el marco del FOMILENIO. Esta zona, sin duda, deberá contar con un cordón de seguridad pública para que sea factible un buen resultado, y partir de la determinación de prioridades. En fin, aplicar lo que la planificación integral y complementaria definan, pues la mejor orientación que tenemos, por hoy, es la del mega proyecto del FOMILENIO II.


En la medida en que podamos avanzar rápidamente en ese plan, las fuentes de empleo y la economía crecerán. Visualicemos y proyectemos obras hacia la producción de alimentos, en tierra y mar; en el deporte, en la industria del turismo, etc. El plan impulsará infraestructura en vías de acceso, granjas, talleres, fábricas, centros de recreo, hoteles y otros. Además de proyectar ese tipo de obras, podremos imitar modelos exitosos de países pequeños y sobrepoblados, tales como: Corea del Sur y Taiwán. Planifiquemos.

La Constitución nos fija el sendero: una planificación y ejecución de gran amplitud; recordando la obligación de la Asamblea Legislativa de armonizar con la Ley Primaria, la legislación secundaria y las leyes especiales que rigen las Instituciones Oficiales Autónomas (Art. 271 Cn.), hasta alcanzar la ejecución creativa y masiva planificada, con mística colectiva.

Junto a la estructura institucional, necesitaremos la participación de la sociedad civil, levantar los ánimos, y que los gobiernos de turno actúen con inteligencia, a corto, mediano y largo plazo, para hacer que el Estado cumpla con su deber de promover el desarrollo económico y social (Art. 101 Cn).

Unamos fuerzas con visión de país para salir del precipicio.




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