Editorial & Opinion

Más rigor contra los conductores peligrosos

Jaime Ulises Marinero / Periodista

martes 30, abril 2019 - 12:00 am

Aby era una jovencita de 23 años, estudiante de una licenciatura en una prestigiosa universidad salvadoreña. A mediados de mayo de 2018 regresaba en su vehículo de la universidad rumbo a su residencia en Quezaltepeque, pero cerca del redondel Integración, perdió el control y su auto volcó. Los socorristas tardaron al menos dos horas para sacar su cadáver entre los hierros retorcidos. Las autoridades policiales pudieron comprobar que la joven iba hablando por teléfono celular con su novio residente en Estados Unidos y que, incluso, apenas 15 segundos antes del vuelco había enviado un mensaje de texto a una compañera de estudios para contarle que estaba hablando con su novio.

Seguramente Gladys jamás imaginó que su atrevimiento de conducir y hablar por teléfono al mismo tiempo le traería consecuencias irreversibles. La muerte.

Muchas muertes por accidente se deben a la imprudencia de ir hablando por teléfono o usando las redes sociales, así como la temeridad de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, o manejar abusando de la velocidad o irrespetando a los peatones y a otros conductores.

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He visto en carreteras principales y secundarias a cientos de conductores hablando por teléfono o chateando mientras conducen. Muchos de ellos son conductores del transporte colectivo, quienes llevan bajo su responsabilidad la vida de decenas de pasajeros. En buses y microbuses es posible ver a choferes con audífonos escuchando música, conversando y hasta consumiendo drogas.

Manejar irresponsablemente es un problema cultural y estructural, alimentado por la alcahuetería del Estado. Se establecen controles solo en épocas festivas o en ocasiones aisladas. Los controles de tránsito deberían ser permanentes, estratégicos y severos.


Por lo anterior, apoyo la noción del movimiento “Por Buen Camino” que ha presentado una iniciativa para que se reforme las Ley de Tránsito y por ende las sanciones. De tal manera que se incremente el valor por las infracciones, de que la multa por una infracción leve que es de $11.43 suba a $150.00; las faltas graves incrementarlas de $34.29 a $350.00; mientras que las faltas muy graves elevarlas de $57.14 a $600.00. El Movimiento propone una sanción de $900.00 para aquellas personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol o las drogas, que manipulen el teléfono celular, que se opongan a realizarse la prueba de alcohotest o drogas, que conduzcan en sentido contrario, que sobrepasen la doble línea amarilla, que no cedan el paso a los peatones, que utilizan la vía pública para hacer competencias que no respeten la luz roja y otras.

Asimismo proponen suspender la licencia por un período entre tres y cinco años a los conductores particulares que bajo el efecto del alcohol o las drogas provoquen accidentes cuyo resultado sean lesionados o muertos. Si la persona que genere accidentes con muertos o heridos es conductor del transporte colectivo, la propuesta de “Por Buen Camino”, es que se le suspenda la licencia entre cinco y diez años. Esta propuesta me parece muy atinada. No es lo mismo un accidente por una falla mecánica o un imprevisto que un accidente provocado por la irresponsabilidad del conductor.

Si somos conductores responsables no hay ninguna razón para oponernos a la iniciativa. Obviamente también tenemos que exigir una excelente señalización, una Policía de Tránsito que haga bien su deber y que haga cumplir el reglamento sin ningún privilegio ni abusando del mismo, peatones que respeten las señales y que hagan uso correcto de las pasarelas y controles de tránsito permanentes en todo el territorio nacional.

Las estadísticas son crueles. Hasta la semana pasada en el país habían ocurrido 6,315 accidentes con un resultado de 3,401 personas lesionadas y más de 400 muertos. Solo el año pasado resultaron lesionados 4,515 y  murieron 1,180 personas de todas las edades y condiciones sociales. Muchos de esos accidentes tuvieron como causa la irresponsabilidad de los conductores que lo hacían bajo los efectos del alcohol o las drogas o por la negligencia de conducir y manipular el teléfono celular al mismo tiempo.

Una de esas 1,180 personas que murieron el año pasado fue Aby, quien en diciembre de este año egresaría de la licenciatura en administración de empresas, pero la imprudencia de hablar por teléfono mientras conducía la costó la vida. Por Gladys, por los cientos de salvadoreños que mueren o resultan lesionados en accidentes viales, los diputados deben aprobar sanciones más drásticas. Incluso, mucho más drásticas que las propuestas por el movimiento “Por Buen Camino”.




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