Cerrar [X]

Editorial & Opinion

Necesaria y urgente reforma del reglamento interno de la Asamblea

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Sección El Salvador.

viernes 30, noviembre 2018 - 12:00 am

Para concluir las reflexiones sobre la conferencia y debate acaecidos con motivo del evento académico que el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador y el Centro de Estudios Jurídicos organizaron en octubre de 2018, relativo a la evaluación del método para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es indispensable referirse al tópico en el cual todos los expositores coincidieron: la necesaria reforma del método para elecciones de segundo grado por parte de la Asamblea Legislativa y, de modo urgente y específico, la reforma del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (en relación al cual se utiliza el acrónimo RIAL).

No hay duda que el accidentado proceso de elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha dejado en evidencia, sobre todo por la acefalía de más de cuatro meses en la Sala de lo Constitucional, que la normativa que el RIAL dispone sobre las elecciones de segundo grado o indirectas es, a todas luces, insuficiente, lo que impone a corto plazo, una urgente reforma o la emisión de una ley especial.

Bien es cierto que, como expresó una de las conferencistas, ya es tiempo que las reformas al régimen jurídico de elecciones de segundo grado dirijan su atención a la “letra mayúscula”, pues las variaciones a la “letra minúscula” han resultado intrascendentes y, por ello, deben efectuarse transformaciones importantes a los mecanismos de elecciones de segundo grado, a fin de evitar, para decirlo en términos lampedusianos, “cambiar todo para que nada cambie”.

publicidad

Ahora bien, a pesar que no hay que duda que es indispensable una reflexión colectiva y un diálogo nacional sobre los mecanismos para la elección parlamentaria de funcionarios públicos de rango constitucional (Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral, Consejo Nacional de la Judicatura), en tanto ello podría exigir en algunos casos reforma constitucional y, en consecuencia, la participación de dos legislaturas, deviene urgente que al menos se dispongan, por la Asamblea Legislativa y para ésta, reglas elementales para las elecciones de segundo grado, a fin de reducir –hasta donde sea posible- el cuoteo entre partidos políticos y la arbitrariedad legislativa.

Ello impone, entonces, en el corto plazo, o la emisión de una ley especial para elecciones de segundo grado o indirectas, o bien, una radical reforma al RIAL en el rubro relativo a tal clase de elecciones, ya que dicho régimen normativo es actualmente, como hace ya más de un quinquenio lo indicó la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, excesivamente amplio o genérico.


No debe perderse de vista que en relación a elecciones de segundo grado ya existen parámetros internacionales a tener en cuenta, en tanto que se trata de un tema tratado ampliamente a nivel internacional y regional, por lo que basta dirigir la atención a los  estándares mínimos que deben observarse en un proceso de elección de segundo grado, para que dicho proceso se entienda realizado en armonía con recomendaciones internacionales.

En tal línea de acción, resulta útil como insumo de trabajo, el valioso esfuerzo que varias organizaciones realizaron en 2017, y que derivó en una propuesta de reformas al RIAL en la parte relativa a elecciones indirectas, previendo que un procedimiento aceptablemente razonable debía consagrar, al menos, las siguientes etapas: definición de perfil del funcionario; convocatoria pública; expresión de interés por postulantes; acreditación de requisitos materiales; acreditación de aspectos cualitativos; publicación de aspirantes; participación ciudadana; preselección de candidatos; anuncio y desarrollo de entrevistas públicas; deliberación pública sobre mérito, capacidad e idoneidad de candidatos; decisión motivada; y votación nominal y pública.

Lo esencial, entonces, es elaborar una normativa –en ley especial o en reforma al RIAL– que atienda las consideraciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en el caso Reverón Trujillo vrs Venezuela) expresó al referirse a la elección de magistrados, pero que son aplicables a toda elección indirecta, en el sentido que se deben elegir a funcionarios exclusivamente por el mérito personal y su capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos de selección, que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que van a desempeñar.




RECOMENDACIÓN DE LA REDACCIÓN



Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras, de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.