Editorial & Opinion

No a la reelección

Bessy Ríos / Abogada y activista digital

martes 13, agosto 2019 - 12:00 am

La Constitución de la República de El Salvador otorga a la Asamblea Legislativa la facultad para elegir a las más altas autoridades del Ministerio Público esto en sus artículos 191 en adelante, además no podemos olvidar que debemos sumar la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que ya ha establecido la manera de hacer esta elección -y las otras de segundo grado- “el Órgano encargado de la elección debe contar con la documentación que permita acreditar que los candidatos para determinado cargo son objetiva y comprobadamente idóneos para desempeñarlo, por contar con la cualificación técnica, profesional y personal requeridas. Sin embargo, no basta la simple suma de atestados, informes u otros documentos, sino que es obligatorio que en el correspondiente dictamen se justifique por qué se estima que una determinada persona reúne los requisitos esenciales para ejercer un cargo público y qué sustenta tal conclusión…” Inconstitucionalidad 18-2014.

Pero lo cierto es que los funcionarios que son elegidos por la Asamblea Legislativa, en las mal llamadas elecciones de segundo grado, generalmente llegan a esos cargos por los acuerdos que se “cocinan” en ese órgano de Estado, donde los políticos hacen lujo de su experiencia de pose, preocupación por el país y principalmente de “alinear los astros” -como se jactó un subjefe de fracción- para que sea elegido el menos idóneo y que generalmente tiene compromiso con todos los partidos políticos que a cambio de su elección, éstos garantizan que su gestión no será molesta a los diferentes intereses que se barajan por los partidos políticos, sus financistas y el resto de poderes fácticos.

Es una triste realidad que todas y todos conocemos, los partidos firmantes del Acuerdo de Paz han utilizado al máximo este mecanismo de elección y han legitimado tal mecanismo de componenda que la hemos naturalizado como sociedad y la cual ya no cuestionamos, en algunos casos hasta nos resignamos que las cosas son así y otras ocasiones nos enfocamos en las instituciones que consideramos más importantes, dejando de lado por ejemplo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos -PDDH-, es por ello qué esta institución ascendió la actual titular.

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El legado de la anterior Sala de lo Constitucional nos dejó sentencias claras -como la mencionada previamente- de lo que debe ser tomado en cuenta por la Asamblea Legislativa para poder hacer estas elecciones apegadas no solo a derecho sino garantizando los perfiles de los candidatos sean adecuados al cargo en cuestión, es lamentable que esta jurisprudencia no está siendo utilizada por los diputados y diputadas que siguen transando sobre estas elecciones. ¿Cómo olvidar cuando el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional -FMLN- dio los votos para la actual titular de la PDDH desoyendo el clamor de la sociedad civil -algo muy común durante sus 10 años de gestión- y que fue en ese período que se escucharon fuerte rumores que “la cúpula” entregaba esa institución a cambio de poder meter a sus cuadros en el Consejo Nacional de la Judicatura -CNJ-?

La gestión de la actual titular de la PDDH ha sido más que decepcionante solo comparada con otra de las gestiones más ignominiosas que hubo al frente de esta institución, como fue la del exprocurador Peñate Polanco.


La PDDH tiene un trabajo importante dentro del Estado de Derecho, es la garante de vigilar que la institucionalidad no se sobrepase en sus funciones y mantenga el respeto a los derechos humanos de la población, debe darle seguimiento a los casos donde existen sospechas de violaciones a derechos humanos y pronunciarse cuando así corresponda ante posibles legislaciones que se estén discutiendo en la Asamblea que dentro de su texto tengan vulneración a estos derechos.

Es importante que desde la sociedad civil estemos pendientes de que no se dé la reelección de la señora Raquel Caballero de Guevara y que la persona que sea elegida para esta institución tenga un compromiso real en la defensa de los derechos humanos y ante todo que cumpla los requisitos de idoneidad. Y que así sea reconocido por los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, porque si no de lo contrario, no importará a quien elijan, porque seguirán eligiendo funcionarios genuflexos a los intereses partidarios.

No podemos seguir retrocediendo en la defensa de los derechos humanos y menos ante un periodo que da la impresión que viene con vientos de autoritarismo e irrespeto a los derechos fundamentales como lo hizo el FMLN en sus 10 años de gobierno.




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