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Editorial & Opinion

“No debemos olvidar que lo que estamos interpretando es una constitución”

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Sección El Salvador

viernes 21, septiembre 2018 - 12:00 am

Esta afirmación, dicha en la sentencia McCulloch v. Maryland (1819) de la Suprema Corte de los Estados Unidos, fue calificada casi siglo y medio después por el magistrado de ese mismo tribunal, Félix Frankfurter, como la más importante jamás pronunciada acerca del proceso de interpretación constitucional. Pero ¿qué debemos tener en cuenta –o no olvidar–, cuando interpretamos una Constitución?

Primero, que ella pertenece al ordenamiento jurídico. Aunque desempeña un claro rol político, pues sienta los fundamentos de la convivencia nacional, la democracia y el Estado de Derecho, está integrada por preceptos de obligatorio cumplimiento para los poderes públicos. Justamente a ello hizo referencia recientemente el Dr. Hernández Valiente en la columna que publicó en este mismo espacio sobre los principios constitucionales. Éstos, si bien requieren ser concretados en la legislación y la jurisprudencia, no son simples recomendaciones que pueden ser acatadas o no libremente por los funcionarios de turno, sino que son mandatos con la misma fuerza que el resto de la Constitución y, por tanto, también pueden ser el fundamento para una declaratoria de inconstitucionalidad.

Consecuencia de que la Constitución es Derecho, es que a ella le son aplicables en principio los cánones de interpretación utilizados para las leyes secundarias, aunque con los matices pertinentes. No es tan diferente el camino para interpretar la Constitución, del que se sigue para interpretar las leyes secundarias, ni hay un método de interpretación específico para la Ley Suprema que se asemeje más a la interpretación del arte o la historia; ésta es la posición de la mayoría de tribunales y salas constitucionales.

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Segundo, hay algunas particularidades de la Constitución que deben tenerse en cuenta para comprender de manera más precisa el proceso de interpretación de su texto.

Por ser la expresión de un consenso alrededor de ciertos contenidos materiales –los derechos fundamentales, las garantías del debido proceso, la justicia, la libertad, la igualdad, etc.–, en la Constitución es más frecuente la presencia de conceptos abiertos o indeterminados, que son intencionalmente utilizados para abarcar a todas las diversas visiones políticas que coexisten en una democracia pluralista. La estructura abierta de las disposiciones constitucionales impide hablar de la interpretación única, correcta y verdadera –la cual casi siempre es interesada, pues se hace desde la posición personal de quien lo dice–, y lleva a hablar de la más adecuada, aquí y ahora.


Tercero, hay una constante interacción entre norma y realidad normada, lo cual equivale a decir que al momento de interpretar un precepto constitucional, deben tenerse en cuenta los cambios en la realidad política, cultural, social, económica e incluso tecnológica, los cuales obligan a reinterpretar el texto que pretende regular la realidad normada, aunque aquel no haya sufrido modificaciones formales. Es el caso, por ejemplo, del orden económico, en que la Constitución sigue protegiendo la tierra con vocación agrícola como máxima expresión de la riqueza, cuando las circunstancias económicas han cambiado sustancialmente; o el caso de la libertad de expresión, que inicialmente se refería a los oradores en las plazas públicas, luego fue modificada con la aparición de los medios de comunicación audiovisual y ahora requiere ser protegida en las redes sociales.

Como consecuencia de lo anterior, es equívoco afirmar que en el caso de la Constitución no hay que interpretar nada, porque el texto es claro. Tanto esta posición como la que sostiene que se puede distinguir a priori entre los textos jurídicos claros y los oscuros incurre en un error, justamente porque no podemos saber si una disposición es clara u oscura, sino hasta después de interpretarla. Los textos son el objeto de la interpretación, pero las verdaderas normas jurídicas, es decir, los mandatos concretos, son el resultado de la interpretación, a cargo de los funcionarios aplicadores del Derecho.

Los tribunales y salas constitucionales se encuentran muy frecuentemente con que no hay una solución predeterminada para los problemas sometidos a su conocimiento, sino que deben construirla, tomando como punto de partida el texto. Aquí se manifiesta un papel activo de dichos tribunales, y tratándose de la interpretación de las reglas de la democracia y el Estado de derecho, ello les convierte en actores políticos de primer nivel.




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