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Editorial & Opinion

No hay seguridad en el país

Armando Rivera Bolaños / Abogado y notario

miércoles 20, septiembre 2017 - 12:00 am

Hace unas semanas llegó a mi oficina un amigo, con el cual nos conocemos desde la infancia. Además de su propósito de saludarme y recordar épocas pasadas, iba a consultarme un problema jurídico que afrontaba desde hace cinco años con una propiedad urbana, la cual la había dado en arrendamiento a cierta persona, en un municipio cercano a la capital. El arrendante le pagó unos meses y después se volvió reacio a dar el canon acordado. Su interés era que lo acompañara en mi calidad de abogado, para advertirle al moroso que cancelara lo adeudado, caso contrario verse obligado a tener un juicio de desalojo. En efecto, dispusimos ir un fin de semana a platicar con dicho inquilino y llegamos, precisamente, a una zona que, por sus características externas, denotaba a simple vista que se trataba de un sitio nada recomendable. Confieso que tuve deseos de regresarme, pero ya me había obligado con mi probable cliente.

Llegamos al inmueble y mi amigo tocó a la puerta. Al momento aparecieron dos hombres, quienes al ver a mi amigo exclamaron amenazantes: “Ya le dijimos que deje de molestar a mi mamá. Aquí vivimos y seguiremos viviendo y no se le ocurra presentar una demanda y mucho menos, vaya a venir con policías”. En ese momento, uno de los sujetos silbó al aire y casi de inmediato, en un lado de la calle aparecieron otros sujetos de mal aspecto que se quedaron en las cercanías. Cuando advirtieron que yo iba acompañando al arrendatario, preguntaron: ¿y este viejo hijue… qué anda haciendo aquí? Es mejor que se vaya a la m…”. ¡Santo cielo! Aquí vine, me dije internamente, “a meterme en la jaula de los leones” y sin responder nada, dejé que mi amigo les explicara quién era y hablaron en otro tono: “Mire, abogado, no intente meterse contra nosotros. Ya le explicamos a este fulano que aquí nos vamos a quedar con nuestros padres. Ellos están muy ancianitos y no permitiremos que los echen a morir en la calle”. En ese momento salió una señora de avanzada edad les pidió a los individuos no hacernos daño, con lo cual optamos por marcharnos, sin hacer otra cosa que “poner pies en polvorosa” y alejarnos del peligro.

Narro lo anterior para dar una muestra real de lo que sucede a lo ancho y largo del país. La inseguridad campea por doquier. La maldad impera hasta en zonas otrora residenciales. Caminos, calles y avenidas se han convertido en sitios donde el permiso de los delincuentes de la zona correspondiente se ha vuelto exigible, si alguien desea visitar a un amigo o un pariente. El control territorial es una realidad cruel y la inseguridad jurídica afecta todas las actividades colectivas o individuales de nuestra afligida sociedad. Lo ilícito es ley no escrita y el mandato de los antisociales es tan exigible como si emanara de una autoridad legítima, que tiene el poder de hasta ordenar desalojos forzosos en tiempos perentorios, como hemos leído en este medio, en áreas rurales del país donde sus pobladores han tenido que abandonar sus viviendas y bienes, ante el peligro de ser asesinados. No hay un plan general de combate bien estructurado contra la delincuencia y cuando el gobierno presenta a la consideración legislativa algún proyecto, en resumen, solo tiene la finalidad de obtener más recursos monetarios para cancelar obligaciones contractuales del Estado, que nada tienen que ver con la seguridad pública.

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En un calvario que llevamos más de quince años de padecer, hemos visto echar a funcionar varios planes anti delincuenciales, con   infinidad de redadas que, al nomás subir las gradas de los tribunales especializados, pocas horas después salen de nuevo en libertad. Finalmente, se erogan millones de dólares, que después sabemos se han “gastado” en otros rubros muy alejados del tema de seguridad. Incluso, los familiares, especialmente esposas e hijos de héroes policiales, muertos en cumplimiento del deber o en sus ratos libres, no han recibido la ayuda que pregonan a los “cuatro vientos” los funcionarios y entes gubernamentales. Varios medios escritos, radiales y televisivos se han hecho eco de esta preocupante situación. ¡Es hora de rectificar cuanto antes!




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