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Política

“No lo podíamos detener (a magistrado acusado de agresión sexual), no tenemos facultad legal”

Edgardo Rivera

sábado 23, febrero 2019 - 12:04 am

El magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz, fue detenido la noche del martes acusado de agresión sexual contra una niña de 10 años en la residencial Altavista, de Ilopango y remitido ese mismo día a la Asamblea Legislativa. Un día después, el miércoles, la Asamblea envió la documentación de la captura al despacho del fiscal general de la República, Raúl Melara. Pero el órgano legislativo no lo detuvo ni pidió custodia policial. ¿Fue legal haberlo mandado a su casa?, ¿será responsabilidad de la Asamblea si el magistrado se fuga?, ¿la Asamblea debió capturarlo? El apoderado legal de la Asamblea, Juan Contreras, responde a algunas de estas preguntas en esta entrevista. Señala que a la Asamblea no le compete, pero dice que hay vacío legal cuando hay flagrancia y pone el caso “en cancha de ellos”.

 

¿Por qué dejaron en libertad al magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz?

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La Policía lo detuvo en el periodo de flagrancia, que son 24 horas después de cometido el presunto hecho delictivo. Si no hubiera habido flagrancia, el proceso de antejuicio siempre tiene lugar, por el fuero del que ellos gozan. Pero no está esa detención por parte de la Policía. Si no hubiera sido detenido en las 24 horas de la flagrancia, en ningún momento tuvieron que haberlo traído a la Asamblea.

Pero, como fue en flagrancia, el procedimiento era traerlo para acá. La Policía giró los oficios de remisión para la Asamblea Legislativa. Algunos dicen: ¿por qué lo recibieron? Fue porque el artículo 122 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL) dice solo si el Presidente, el Vicepresidente o algún diputado son sorprendidos en flagrancia, a ellos se les va a traer. Pero, como este procedimiento es especialísimo, deja por fuera a los otros funcionarios que también tienen fuero constitucional y, en vista que la Policía ya había librado los oficios, teníamos que recibirlo, no había otra opción para garantizarle a él el respeto a ese fuero constitucional que tiene por el artículo 236 de la Constitución y el 118 del RIAL. Pero, por el término de la flagrancia, solo se levanta el acta de recepción.


 

¿Por qué no fue detenido?

Porque hay una prohibición legal, hay dos circunstancias a verificar. Primero, por el principio acusatorio, según el artículo 5 del Código Procesal Penal, la Fiscalía es la única que ejerce la acción penal. Se conoce popularmente como el monopolio de la acción penal. La Asamblea Legislativa no tiene esa facultad acusadora. El Código Penal en el artículo 290 da una prohibición. Hay una figura delictiva que se llama privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad público; si ellos acordaren, ordenaren o permitieren cualquier privación de libertad será sancionado con una prisión de tres a seis años. No lo podíamos detener. Primero, no tenemos la facultad legal para hacerlo, porque es exclusivo de la Fiscalía y, segundo, estaríamos entrando en una actividad que podría ser considerada delito y ya contra la institución, porque él pudo haber dicho: ‘A mí me están reteniendo en contra mi voluntad y sin respetar el fuero’. Por eso, se recomendó que la persona quedara en libertad; no obstante, por la gravedad del hecho se acordó que hubiera un acompañamiento, no detención ni vigilancia, porque nosotros no somos competentes para ponerle a alguien arresto domiciliar.

 

Significa que habría un vacío en la ley en estos casos…

Definitivamente, el procedimiento que está regulado es el del antejuicio en sí, como va a proceder. Pero hay un vacío en el tema de la flagrancia, en cuanto a los funcionarios que no sean el Presidente, el Vicepresidente y los diputados.

 

¿Habría alguna responsabilidad de la Asamblea si el funcionario se fuga?

No, porque no es facultad de la Asamblea, nuestra facultad llegaba hasta que se le transmitieran todas las diligencias recibidas a la Fiscalía, la Fiscalía podría dictar una detención administrativa porque ya está en cancha de ellos. Los alcances del fuero, tal y como está contemplado ahorita, se prestan a eso. Si no le hubiéramos garantizado el fuero, ahí sí hubiéramos incurrido en una ilegalidad y en un posible delito, al tenerlo detenido. Él como abogado pudo haber dicho ‘Yo tengo fuero’, yo me quiero ir de aquí y no había ningún impedimento legal, tal y como está ahorita los alcances del fuero, que hubieran permitido rete­nerlo. Se remitió el miércoles por la tarde las diligencias a la Fiscalía, tiene tres días hábiles, tiene hasta martes en la mañana (la Fiscalía General de la República presentó la solicitud de antejuicio ante la Asamblea ayer por la tarde).

 

Hay legislación salvadoreña que protege los derechos del niño…

Mientras los alcances del fuero no estén delimitados, hay que respetarle el derecho a cualquier funcionario y este fuero del que él goza es un fuero constitucional y es legítimo. Es más legítimo que el que tiene el actual presidente electo, Nayib Bukele, que él hasta el 1 de junio tiene fuero, ya constitucional. Mientras no se delimiten los alcances del fuero y diga que es para delitos oficiales y comunes, no hay forma de que la persona pueda ser detenida.




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