Política

“No puede crearse una CICIES para actuar como apéndice”

Yolanda Magaña

lunes 12, agosto 2019 - 12:02 am

José Miguel Arévalo Rengifo, presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ)

El presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), José Miguel Arévalo Rengifo, cree que una comisión internacional que combata la impunidad en El Salvador (CICIES) debe ser independiente de los poderes políticos y económicos, así como respetar las atribuciones de la Fiscalía General de la República. Advierte que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quiere anular el juicio civil contra casos de enriquecimiento ilícito en el proyecto de Ley de Probidad que elabora y señala que la elección del Tribunal Supremo Electoral (TSE) irrespetó la Constitución de la República.

 

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¿Cómo ha avanzado la institucionalidad de El Salvador en los últimos años?, ¿se ha respetado la independencia de poderes?

Hemos visto avances y retrocesos. Venimos de una época que se dio el lamentable decreto 743 y toda la crisis institucional y política que conllevó, al final, se logró superar en gran medida gracias a la Sala de lo Constitucional, que nosotros le vemos aciertos y desaciertos pero que fue un estandarte en la protección al Estado de Derecho. Hemos visto un avance, ahora se puede decir hay un nivel aceptable de independencia entre los órganos pero hay muchísimo en qué trabajar, estamos viendo cómo ha habido cierta confrontación, que es natural, necesaria, en toda república existe, pero el nivel de la confrontación, la forma en que se resuelve, lo que establece si se tiene un Estado de Derecho o no. Por el momento hemos visto cumplimiento a los fallos de la Sala, hemos visto menos ataques.


 

¿Cómo evalúa el control de la constitucionalidad desde la nueva Sala?

Vemos un ritmo que tal vez no es igual con el de la anterior Sala pero ha habido avances, sentencias importantes. Hemos visto también el trabajo de la Corte Plena en el tema de los procesos de enriquecimiento ilícito, avances y retrocesos, no hay un procedimiento claro, tenemos una ley obsoleta, establece multas de 100 colones por no presentar una declaración patrimonial y estamos viendo cómo hay una importante cantidad de funcionarios que no ha presentado su declaración patrimonial. Si tiene una multa de 100 colones por no presentar la declaración patrimonial, eso realmente es un incentivo no presentarla, porque se sabe si la presenta va a haber un mayor control sobre un caso posible de corrupción. Ha habido juicios, hubo un letargo años atrás, luego de los primeros juicios, todo se detuvo. Esperamos que la Corte continúe actuando apegada a Derecho.

 

¿Qué retos ve en el país en el combate a la corrupción?

El primero es una Ley de Probidad, continúa la amenaza de eliminar el juicio civil por enriquecimiento ilícito que establece el artículo 240 de la Constitución. Si recuerdan, el CEJ como parte del Equipo Gestor ejerció un papel preponderante en impulsar una nueva ley. Al final, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Probidad eliminando el juicio civil. El Equipo Gestor presentó una demanda de inconstitucionalidad, la Sala declaró inconstitucional la ley y estableció que la nueva ley debe ser a iniciativa de la CSJ. Actualmente se está elaborando un nuevo proyecto de ley al interior de la CSJ, el CEJ fue consultado y lo que hemos notado es que nuevamente se está eliminando el juicio civil que ordena la Constitución. Nuestro llamado es que la Corte en su proyecto de ley que va a presentar a la Asamblea Legislativa respete los mandatos constitucionales y la sentencia de la Sala de lo Constitucional que establece que el juicio civil es distinto a cualquier otro, no se puede hacer, como está haciendo la CSJ en su propuesta, que se remita a acción de extinción de dominio, ya hay jurisprudencia.

Luego, se ha mencionado la creación de la CICIES, sostenemos que todo esfuerzo que busque combatir la corrupción en El Salvador es positivo siempre y cuando respete el marco constitucional, esta entidad tendrá que respetar las atribuciones que la Constitución ya le atribuye a la Fiscalía General de la República (FGR) y se esperaría que al final se apueste por el fortalecimiento de la FGR para que sea la institucionalidad nuestra que se vea fortalecida.

 

¿No están en contra de una CICIES?

No estamos en contra siempre y cuando se respete el marco constitucional. Otro punto importante es que sea totalmente independiente en su actuar de todos los órganos del Estado, poderes políticos, poderes económicos, pero principalmente del órgano Ejecutivo, que es su promotor. No puede crearse una CICIES para actuar como apéndice del Órgano Ejecutivo, tiene que ser totalmente independiente, también del Órgano Ejecutivo.

 

¿Que sea dirigida por Organización de Estados Americanos (OEA) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU)?

Cualquiera de estos organismos internacionales dotaría de una mayor garantía de independencia, profesionalidad, y se vería con buenos ojos.

¿Cuál es su opinión sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) en Guatemala?

Como CEJ no hemos analizado el tema de Guatemala, sabemos que se derrocaron presidentes, vicepresidentes, por casos de corrupción, entendemos que ha habido mucha crítica porque se ha afectado al empresariado. Nosotros esperaríamos de una CICIES en El Salvador que actúe apegada a derecho para que no afecte, de forma arbitraria o antojadiza, a personas que no se han visto involucradas en delitos.

 

El magistrado Julio Olivo dijo que los defensores de la Sala de lo Constitucional anterior están desapareciendo y buscan simplificar el voto cruzado. ¿Se puede revertir?

No. Vemos con mucho malestar el hecho de que muchas entrevistas a candidatos al TSE se basaban en ataques a la Sala anterior, en ataques a avances como el voto cruzado y estos son temas que han sido ganados por la población. El voto cruzado permite que la población elija de forma libre. Hemos visto que en diferentes propuestas, con la bandera de que ‘vamos a simplificar’, se busca anular este tipo de avances como el voto cruzado o candidaturas independientes. Toda propuesta tiene que ser analizada línea por línea para ver que se respete este avance que se ha logrado en favor de la democracia y del sistema de derecho.

 

¿Cree que respetó la Constitución la reciente elección del Tribunal Supremo Electoral?

Seguimos viendo que no se cumple con la Constitución, con la jurisprudencia constitucional, que ha sido muy clara en establecer cómo deben ser estos procesos de cara a la población. Tanto la Corte Suprema de Justicia como la Asamblea Legislativa llevó a cabo procesos de entrevistas que en alguna medida fueron transparentes, el problema está en que presentan cuál es la propuesta y no justifican cómo llegaron a esa propuesta, qué puntaje se le dio en la experiencia en materia electoral, qué puntaje se dio a la afiliación partidaria, la Constitución es clara cuando dice que deben ser apartidarios, ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional. Este proceso como entrevistas que da apariencia de transparencia al final termina siendo nublado cuando vemos los listados finales y no entendemos cómo se llegó a ese listado final. Como CEJ, hemos manifestado que transparencia a medias no es transparencia. Consideramos que las personas que están integrando el TSE algunas tienen una clara afiliación partidaria, otros carecen de conocimiento en materia electoral y la Asamblea no llevó a cabo un proceso apegado a la Constitución y a la jurisprudencia constitucional.

 

Ellos argumentan que presentaron las constancias del TSE en donde dicen que no son afiliados a un partido político.

Y esto viene sonando como un disco rallado, elección tras elección de funcionarios de segundo grado. Basta con leer uno de los párrafos de una de sus sentencias, donde la Sala es enfática en establecer que no es únicamente afiliación formal, sino que puede ser afiliación material. Que el TSE emita una constancia de que no forman parte de un partido no significa que no tenga algún tipo de afiliación, una persona que ha donado, una persona que ha participado en un evento partidista y otros han sido candidatos a puestos de elección popular.

 

¿Cómo ve el escenario de gobernabilidad en el país con el nuevo gobierno?

Esperamos que haya una buena gobernabilidad, que las propuestas que emanen del Ejecutivo sean analizadas por el Legislativo, analizadas o descartadas por el interés y beneficio que representan para la sociedad, un análisis jurídico y de conveniencia para la población, no un análisis de beneficio partidario, porque eso es lo que se espera de un sistema republicano. Hemos tenido un gran desgaste, ha habido boicot por temas políticos, esperaríamos que eso pueda cambiar.

 

¿Cuáles deberían ser las propuestas indispensables para la campaña 2021?

Seguridad, educación, salud, combate a la corrupción. Lo menos que se pueda esperar es la sensatez, que las propuestas sean viables, en beneficio de la población, muchas veces vemos propuestas inconstitucionales con fin populista, como la pena de muerte, que está prohibido por tratado internacional. Que haya propuestas viables. Hay mucho rezago, en temas de comercio electrónico, hay una ley de firma electrónica pero no ha sido implementada y ya se habla de que hay que reformarla. Está pendiente el tema de la factura electrónica, la protección de datos personales. La actual legislatura, para tener el derecho moral de pedir que se le reelija, deberá mostrar que ha impulsado este tipo de temas, la Ley de Función Pública, una Ley de Probidad, son cuerpos normativos como mínimos. Si no son aprobadas, no dan derecho moral a pedir la reelección a un diputado.

 

 

PERFIL

josé miguel arévalo rengifo

Abogado de 30 años graduado de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). Fue nombrado presidente del Centro de Estudios Jurídicos, gremial de juristas a la cual pertenece hace cuatro años. Su objetivo, dice, es velar y defender el imperio del derecho en El Salvador, la misión con la que se conformó el CEJ hace 56 años. Ha formado un equipo interdisciplinario, en el cual han incluido constitucionalistas y expertos en transparencia y combate a la corrupción, tratados, derecho corporativo y derecho comercial.




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