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Editorial & Opinion

No sin justicia transicional

Lourdes Molina Escalante / Economista sénior Icefi @lb_esc

jueves 28, febrero 2019 - 12:00 am

A lo largo de la historia, las guerras han sido el escenario para los actos más viles y atroces de la humanidad. Pero así como los seres humanos podemos crear la guerra, también podemos construir la paz. Uno de los ingredientes fundamentales para una paz verdadera y duradera es la justicia transicional, es decir, aquellos procesos y mecanismos mediante los cuales el Estado reconoce las violaciones sistemáticas de derechos humanos durante la guerra, se reivindica la dignidad de las víctimas y su derecho a la reparación y la memoria, con el propósito de impedir que esos hechos se vuelvan a repetir.

En 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz se puso fin a una guerra que terminó con la vida de 75,000 personas y dejó miles de desaparecidos. Una vez firmada la paz, se reconoció el desafío de reconstruir la armonía social y lograr la reconciliación nacional, sin dejar de lado la necesidad de deducir responsabilidades legales por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el gobierno y la guerrilla durante el conflicto armado.

En los mismos Acuerdos, ambas partes reconocieron la necesidad de esclarecer y someter a los tribunales de justicia a las personas señaladas como responsables de actos violatorios de derechos humanos durante la guerra, independientemente del sector al que pertenecieron. Así mismo, cuando en 1992, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de reconciliación nacional, que otorgaba amnistía por delitos políticos comunes durante la guerra, se exceptuó de dicha amnistía los hechos graves de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en una sesión extraordinaria en 1993, con la Ley de amnistía general para la consolidación de la paz, se otorgó una amnistía amplia, absoluta e incondicional, que permitió que por décadas las personas responsables de las violaciones de derechos humanos durante la guerra permanecieran impunes e impidió que miles de víctimas y sus familiares tuvieran acceso a la justicia.

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En 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la amnistía, eliminando así los impedimentos legales para juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En la misma resolución la Sala mandó a la Asamblea Legislativa a aprobar una nueva ley que garantizara el derecho a la verdad, reparación y justicia de las víctimas.

Pero la justicia transicional nunca ha sido una prioridad para los partidos políticos. No fue hasta más de dos años después de la declaración de inconstitucionalidad, que la Asamblea conformó una comisión ad hoc para formular una nueva ley de reconciliación nacional. De los cinco diputados que conforman esa comisión, dos fueron señalados en el Informe de la Comisión de la Verdad por graves violaciones de derechos humanos, y otros dos tuvieron una participación directa en el conflicto armado. Por eso no resulta extraño que la semana pasada, en el seno de dicha comisión legislativa, se empezara a discutir contenidos preliminares de una nueva ley de reconciliación, que en lugar de reivindicar los derechos de las víctimas, tiene como propósito restaurar la amnistía general. Esto representa una nueva bofetada a las víctimas y a sus familiares, quienes con hechos como la reactivación del juicio por el caso El Mozote, finalmente podían tener esperanzas de lograr justicia.


Parece que los diputados de la Comisión ad hoc están empecinados en blindar la impunidad de los crímenes de guerra, en seguir condenando a nuestro país a no conocer su propia historia y en permitir que los criminales de guerra como el coronel Monterrosa sean vistos como héroes de guerra. Si los diputados de la Comisión ad hoc tuviesen un verdadero compromiso con la reconciliación nacional, lo primero que deberían hacer es retirarse de dicha comisión y que la discusión de una nueva ley sea liderada por legisladores que nunca hayan sido señalados de graves violaciones a los derechos humanos. La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de abonar a un proceso de reconciliación nacional, que sirva como base para construir la paz y la democracia de nuestro país; pero esto no se logrará sin justicia transicional.




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