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Editorial & Opinion

Nuevo Gobierno y cargos de confianza

Ana Cevallos / Economista investigadora @Cevallob

jueves 4, abril 2019 - 12:00 am

Nelson Mandela, premio Nobel de la Paz 1993, afirmaba que «la pobreza no es un accidente sino que, como la esclavitud y el apartheid, una creación del hombre y puede eliminarse con las acciones de los seres humanos». Siendo así, para el caso de El Salvador debemos cuestionarnos, ¿qué tipo de seres humanos nos han gobernado? ¿Qué sociedad tenemos y qué calidad de ciudadanos?

Las respuestas podemos encontrarlas, entre otras, en las caravanas migrantes, las cifras de feminicidio, el número de asesinatos por día, la impunidad, la corrupción a todo nivel, los problemas del mercado laboral (desempleo, subempleo, informalidad), y la vulnerabilidad ante eventos naturales adversos. Todo ello refleja, en parte, que nos han gobernado personas indiferentes a los males que genera una inadecuada gestión de lo público y, por otro lado, que como sociedad hemos fallado al momento de elegirlas.

De esta cuenta, en lugar de un Estado de bienestar tenemos un Estado de malestar que genera dinámicas socioeconómicas y políticas que afectan a una amplia mayoría, siendo más severo según género, clase social, grupo etario, diversidad funcional. A esta realidad se enfrentará el presidente electo Nayib Bukele.

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Por ello resulta preocupante que, a menos de dos meses de la toma de posesión del nuevo gobierno, aún no se tenga certeza de quiénes conformarán el Gabinete de Gobierno y que además, según declaraciones de Bukele, resulte difícil escoger a las personas de confianza (alrededor de tres mil) que reúnan las condiciones de «honradez, lealtad, capacidad y probidad» para la gestión de lo público. Somos más de seis millones de habitantes, ¿por qué resulta difícil elegir a tres mil con estas características?

La respuesta es relativamente simple. Para los puestos de libre designación se necesitan habilidades que van más allá de las que es posible valorar en un concurso, dado que implican el ejercicio de funciones directivas con mayor o menor responsabilidad, además de acreditar la confianza del gobernante en turno. De allí que exista una línea divisoria estrecha entre el mérito y el nepotismo, con el riesgo de alejarnos de un Gobierno profesionalizado.


Por tanto, la designación de cargos de confianza resulta compleja, dado que por un lado exige superar el nepotismo que prevalece en la gestión del talento humano: el trato favorable para familiares o amigos a quienes se nombran en cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos. Pero aún y cuando el círculo cercano reúna los méritos necesarios y no se incurra en nepotismo, también debiera evitarse discriminar la participación de profesionales que, por motivos más políticos que técnicos, no forman parte del círculo de confianza del gobernante.

Ante estas disyuntivas, independientemente del gobierno en turno, se debe transparentar la selección de cargos de confianza y democratizarla, porque, ¿qué nos garantiza que se tratará de proceso inclusivo, transparente y democrático? Esto es relevante dado que la historia de nuestro país nos ha demostrado que es precisamente en los círculos de confianza donde se han gestado los grandes desfalcos públicos, cuyas consecuencias las paga la ciudadanía.

Esto ocurre porque una designación inadecuada de cargos de confianza puede provocar una gestión perniciosa del talento, en la medida que no se asegura una gestión profesional y responsable, sino tan solo una gestión incondicional a la autoridad de turno. No se trata de lealtad a la Administración o a los intereses ciudadanos, sino incondicionalidad hacia quienes nombran en los cargos.

En consecuencia, el reto más próximo del presidente electo consiste en elegir a su equipo de confianza siguiendo los principios de mérito, equidad y capacidad. Pero especialmente, establecer mecanismos para que como ciudadanía podamos verificar la imparcialidad, neutralidad y objetividad del funcionariado que se designe. No podemos darnos el lujo de aceptar de forma pasiva decisiones que posteriormente nos “pasarán factura” con menores oportunidades de desarrollo y en detrimento de nuestros escasos, y dilapidados, recursos públicos.




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