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Editorial & Opinion

Nuevo intento de censura en Ley de Espectáculos Públicos

Sherman Calvo/Empresario

viernes 12, octubre 2018 - 12:00 am

Existe mucha preocupación por las reformas presentadas por el Gobierno a la Ley de Espectáculos Públicos, Cinematografía, Medios de Comunicación y Publicidad, por parte del Ministerio de Gobernación el pasado 1 de octubre.

El texto propuesto establece la obligatoriedad de que los contenidos televisivos, radiales y cinematográficos sean evaluados previamente, autorizados y monitoreados por un organismo estatal con facultades discrecionales y dependiente del Gobierno. La reforma, es una iniciativa que promueve la censura previa, incluso de programas de televisión y de opinión, y esto es claramente inconstitucional.

No hay duda que cuanto mayor es el poder, más peligroso es el abuso. El derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es esencial a la lucha para el respeto y promoción de todos los derechos humanos. Sin libertad de expresión el hombre está condenado a la opresión. Por estas mismas razones, es uno de los derechos más amenazados, tanto por gobiernos represores que quieren impedir cambios, como por personas individuales que quieren imponer su ideología o valores personales, callando a los otros.

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La lucha por la libertad de expresar nuestro propio individualismo nos corresponde a todos. Respetar la libertad de expresión de los demás a decir cualquier cosa, por más ofensiva que la consideremos, es respetar nuestra propia libertad de palabra. La libertad de expresión en la Legislación Internacional,  dice en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Artículo 29: “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice en su Artículo 19: “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo de este artículo, entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.


En mi opinión, la actitud de los poderes públicos en relación a la libertad de expresión e información, se debería traducir en un deber de abstención, de no interferencia en la actividad de los sujetos privados, así como de fomento genérico de la pluralidad de la información. Por ello, creemos que todo comportamiento de los poderes públicos que atente contra cualquiera de las facetas que integran la libertad de expresión, supondría, no solo vaciar de contenido la misma, sino también minimizar aquellos derechos respecto de los cuales se considera complemento esencial para su ejercicio real y efectivo.

En resumen, ir contra la libertad de expresión e información en cada una de sus manifestaciones, sería tanto falsear el principio de legitimidad democrática que señala el artículo 6 de la Constitución: “Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan”. Esta es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política. Es más, sin libertad en los contenidos televisivos y radiales  “no hay sociedad libre”. No se trata de estar a favor de un libertinaje de expresión pero es inaceptable permitir que pretendan atentar de esta manera contra la libertad de expresión. Cada sujeto responderá de acuerdo con la Constitución por los contenidos y conceptos vertidos.




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