Editorial & Opinion

Ocho años que no pueden retroceder

Yolanda Magaña / Editora de Política

miércoles 31, julio 2019 - 12:00 am

Hoy en día, un ciudadano común tiene más poder del que cree. La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) inició su vigencia hace ocho años y que continúe viva sin mostrar síntomas de debilidad depende del uso que le demos los ciudadanos comunes. Un ciudadano común puede hacer una solicitud de información pública desde su celular: solo debe tomarle una fotografía a su firma y a su documento único de identidad para adjuntarlos a una solicitud libre dirigida a la Oficialía de Información de una determinada institución.

El ciudadano puede solicitar información propia o información de cómo se han gastado sus impuestos en su alcaldía, la administradora de agua potable, la Asamblea Legislativa o cualquier oficina de Gobierno.

Esta fortaleza otorgada por la LAIP a todo ciudadano ha sido aprovechada de manera inicial por el periodismo. Por ejemplo, Diario El Mundo solicitó a finales del año 2016 información sobre los gastos reservados que habían sido gastados desde que existiera registro. Para nuestra sorpresa, recibimos información del uso de gastos reservados desde 1995, erogados en instituciones que no debían tener este tipo de gastos secretos: INDES, Corte Suprema de Justicia, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Gobernación y Desarrollo Territorial, Instituto Salvadoreño de Turismo, CEL, Lotería Nacional de Beneficencia y hasta el Ministerio de Educación. La gran tajada siempre ha sido de Presidencia de la República.

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La LAIP también ayudó a investigar que las ganancias recibidas en Alba Petróleos gracias a sus inversiones nunca llegaron a las arcas de las alcaldías que invirtieron en esa sociedad: cada alcaldía respondió que no recibía un cinco de Alba Petróleos en concepto de utilidades.

Información como los viajes de los funcionarios, el gasto en viajes, el gasto en seguro privado, los currículos completos de los funcionarios, el listado de asesores y sus salarios, las compras de bienes y servicios, las facturas de los gastos discrecionales de una presidenta de la Asamblea Legislativa, es información que obligadamente las instituciones deben dar a los ciudadanos que la soliciten.


Los logros son indudables: cantidad de información, cada vez una mejor calidad de información –incluso facturas son públicas– oficiales de información, técnicos y una normalización de la rendición de cuentas del funcionario público.

Pese a estos logros, ocho años después, aún hay retos:

El primero de ellos es empoderar a los oficiales de información  de las instituciones y a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP): los oficiales de información y los comisionados se deben a la ley y no al Gobierno de turno. Que los oficiales de información sean controlados por el poder público que se pretende fiscalizar con la LAIP es una contradicción. El control sobre la información pública no es una característica de un régimen democrático, sino dictatorial.

El segundo es hacer de la LAIP y su respeto una costumbre. Ningún Gobierno puede jactarse de democrático si no respeta la LAIP. Ningún Gobierno puede estar pidiendo los nombres de quiénes solicitan su información, porque sencillamente la ley no lo permite: los oficiales deben estar bien conscientes de ello y el IAIP debe ejercer su autoridad, sancionando a los oficiales que irrespeten al ciudadano peticionario de información de esa forma. Es inconcebible que un oficial de información le diga al titular de su institución que un medio de comunicación ha solicitado datos de un funcionario de otra cartera de Estado y éste a su vez llame al medio de comunicación. Los poderes públicos tienen un gran reto de respeto a la LAIP.




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