Política

Organizaciones exigen a CSJ que no esconda informes de Probidad

Gerson Chávez

jueves 22, agosto 2019 - 12:03 am

Las organizaciones del Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y el Grupo Promotor se pronunciaron ayer en favor de la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). / DEM

El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública y el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción pidieron que la Corte Suprema de Justicia revoque la decisión y  cumpla con el mandato del Instituto del Instituto de  Acceso a la Información Pública de entregar los exámenes patrimoniales de funcionarios o exfuncionarios.

Este lunes, Instituto de Acceso a la Información Pública informó que la Corte Suprema de Justicia decidió no entregar los exámenes patrimoniales de funcionarios o exfuncionarios públicos, practicados en 2015.

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“Hacemos un vehemente llamado a la Corte en Pleno para que revoque la decisión de no atacar la resolución del IAIP, la cual constituye además una infracción muy grave sujeta a la sanción bajo la LAIP”, dijo el Grupo Promotor y el Consorcio a través de un comunicado emitido ayer.

El Grupo Promotor y el Consorcio está integrado por organizaciones de la sociedad civil de la talla de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).


Según el Grupo Promotor y el Consorcio, la no entrega de la información ordenada por el Instituto de Acceso a la Información Pública a la daña el Estado de Derecho.

“En virtud de las violaciones constitucionales en las que incurre y los efectos sumamente peligros para el Estado de Derecho que la misma puede producir”, dijo el Grupo Promotor y el Consorcio.

 

Argumentos

El Grupo Promotor y el Consorcio rechazaron los argumentos vertidos por la Corte Suprema de Justicia para no entregar los exámenes patrimoniales.

Rechazaron el argumento de la CSJ, que se fundamentó en el artículo 235 de la Constitución de la República para no entregar las versiones públicas de las auditorías con el fin de desobedecer la resolución del Instituto. Ese artículo indica que los funcionarios deben cumplir la Constitución independientemente de las resoluciones o decretos que la contraríen. “Abre la puerta para que cualquier entidad de la administración pública desacate aquellas resoluciones que no comparta, pues bastaría afirmar que la resolución viola la Constitución, aunque no sea cierto”, señala el pronunciamiento de las instituciones.

 

La Corte Suprema de Justicia decidió, el 8 de julio, no entregar los exámenes patrimoniales. Votaron: Alberto Jerez, Ovidio Bonilla, Dafne Sánchez, Doris Rivas Galindo, Roberto Argueta, Elsy Dueñas, Roberto Calderón y el suplente Alex Marroquín.

 




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