Al igual que sucedió con el comité del salario mínimo, otra importante elección resulta cuestionada por la decisión gubernamental de excluir a las gremiales empresariales de escoger a los candidatos al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

¿Otra elección amañada? ¿Qué nos espera entonces? Era la forma de poder controlar al IAIP con candidatos afines a los intereses políticos oficialistas, algo que sería profundamente grave para esa institución y un preludio de lo que querrán hacer el próximo año al elegir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional o al próximo Fiscal General.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada se quejó que “el resultado de esa elección es ilegal, atenta contra los derechos de los electores y de los candidatos” y anunció que interpondrán recursos de amparo ante semejante entuerto.

Vale la pena preguntarse entonces si esta actitud va a prevalecer en las próximas elecciones legislativas y municipales del 2018 y las presidenciales del 2019. ¿Será por eso que buscan cortar todo el presupuesto posible al Tribunal Supremo Electoral?

Hay que estar vigilantes. Hay una vocación claramente antidemocrática que busca empañar toda transparencia de las elecciones de funcionarios. El objetivo está a la vista.