Política

“Otra prórroga de la Ley de Amnistía no la pediremos”

Gerson Chávez

lunes 9, diciembre 2019 - 12:04 am

Benjamín Cuéllar, integrante Proyecto Vidas

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa retomará hoy la discusión de la ley de reconciliación, y el peticionario de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para Consolidación de la Paz de 1993, Benjamín Cuéllar, advierte que demandarán a los diputados en la Fiscalía General de la República, si no aprueban la normativa a más tardar el 28 de febrero de 2020, tal como mandató la semana pasada la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Cuéllar cree que los diputados todavía no han escuchado a las víctimas y que las visitas que hizo la subcomisión Política al interior del país fueron “improvisadas y malintencionadas”. Improvisadas porque no hubo una planificación y malintencionadas porque participaron víctimas y victimarios en la misma reunión. Dice que no puede haber justicia sin prisión y cree que el proyecto de ley presentado por las organizaciones de derechos humanos es el que más se apega a lo mandatado en la sentencia del 13 de julio de 2016 en el sentido de garantizar el acceso a la verdad, justicia, reparación de las víctimas y garantías de no repetición. Cuéllar también es uno de los integrantes del proyecto Víctimas Demandantes (Vidas) y propone la creación de espacios que reúna a víctimas y victimarios, y que estos últimos, además de pedir perdón, revelen el paradero de las personas desaparecidas en el conflicto. Finalmente, evalúa que el actual Gobierno ha hecho poco en materia de reparación de las víctimas y solo ha eliminado el nombre del coronel Domingo Monterrosa de la brigada militar de San Miguel y se ha reunido con las víctimas de El Mozote, pero no accede a entregar información de los operativos militares.

 

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¿Cree que el 28 de febrero de 2020 es un plazo suficiente para que la Asamblea Legislativa apruebe la ley de reconciliación?

Nosotros solicitamos la prórroga en octubre, casi un mes antes que la Asamblea Legislativa. Lo hicimos para evidenciar que los diputados están incumpliendo la sentencia de la Sala de lo Constitucional del 13 de julio de 2016 y el resto de resoluciones de seguimiento que hizo la Sala de lo Constitucional.


Los diputados han tenido, desde la sentencia de 2016, tres años, más o menos, para hacer la ley.  Los diputados quieren seguir protegiendo a los poderes fácticos de este país, a los victimarios, perpetradores de las atrocidades. Creo que están protegiendo a los que ordenaron, a los que financiaron, encubrieron, que mintieron, y que lo siguen haciendo.

Cuando los diputados ya estaban por aprobar el proyecto de la ley Parker se les vino todo abajo con un tuit de una funcionaria estadounidense, creo que  era subsecretaria de Estado para Asuntos de América Latina. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares. Los diputados tienen que hacer la ley en el plazo, si no desde ya, desde el proyecto Vidas y como demandantes, Pedro Martínez y yo, otra prórroga de la Ley de Amnistía no la pediremos. Esta vez, no vamos a pedir nada, sino que vamos a interponer una demanda en la Fiscalía General de la República por incumplimiento de deberes de los diputados. Lo advertimos públicamente y ya comenzamos a trabajar en la demanda, porque si no la aprueban a más tardar el 28 de febrero, al día siguiente estamos en la Fiscalía. Nosotros no vamos a pedir otra prórroga y no creo que la Sala de lo Constitucional quiera que le sigan viendo la cara.

 

¿Los dos anteproyecto de ley que tiene en sus manos  la Comisión Política cumplen con los parámetros dados por la sentencia de la Sala de lo Constitucional de 2016?

Antes de responder a su pregunta hay que decir algo que está relacionado. El FMLN fue parte de la comisión ad hoc que estaba trabajando el proyecto de la ley Parker. El FMLN estaba de acuerdo. Milagrosamente, ha dado vuelta el FMLN. A mi me preocupa cuando las organizaciones que dicen representar a las víctimas, le creen al FMLN cuando les dice que está con ellos. La causa de las víctimas no puede estar cobijada bajo la bandera de un partido político.  Ese partido político, cuando fue una de las partes del conflicto armado, también cometió atrocidades.

Anda circulando un video de Pablo Parada Andino donde da declaraciones impactantes sobre lo que hizo el FMLN, principalmente en San Vicente; pero, también lo que hizo en otros lados.

Dicho esto, el proyecto de ley que más se acerca a los parámetros de la sentencia de la Sala de lo Constitucional es el que ha presentado las organizaciones sociales. La otra, la que está ahora sobre la mesa, elaborada desde la Asamblea Legislativa, ya no es la misma que antes, pero lo que han cambiado es la marca de maquillaje y de cosmetólogo, porque la amnistía siempre sigue siendo la que está en el centro, en núcleo de las propuestas, el buen trato para los criminales.

 

Cuando los diputados hicieron las consultas públicas, las personas no siempre pedían cárcel en contra de los que cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad, en cambio, las organizaciones de derechos humanos sí piden cárcel ¿Puede llegarse a un proceso de justicia transicional sin contemplar cárcel para los victimarios?

Le voy a hablar (de la consulta) de la que yo participé. Yo soy parte de un esfuerzo que está integrado por víctimas directas o familiares de víctimas que quieren demandar justicia, reparación integral y garantías de no repetición, que son los principios de la justicia transicional, por lo menos en teoría. Allí no llegué como Benjamín Cuéllar, como exdirector del Idhuca o defensor de derechos humanos. Llegué como familiar de Patricia Cuéllar Sandoval, desaparecida en junio de 1993. En la madrugada del día que la desaparecieron a ella también llegaron a sacar a su papá, el tío Mauricio. También se llevaron a la empleada, Julia Orbelina Pérez que tenía dos meses de haber llegado a trabajar con el tío Mauricio.

En esa reunión (de consulta pública con los diputados), me pidieron que yo hiciera la introducción y los diputados nos dieron 20 minutos.

Hablé como ocho minutos, entonces el diputado Alberto Romero, se levantó para despedirnos porque pensó que yo ya había terminado. Entonces, les dijimos que iban a hablar las víctimas. Habló Erlinda Viuda de Franco por el caso de su esposo asesinado, junto con seis dirigentes del Frente Democrático Revolucionario. Erlinda les dijo de todo a los diputados y me dio gusto ver cómo se revolvían en los asientos cuando ella les estaban diciendo las cosas. También habló Armando Durán, que fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue el primer denunciante, después de decretada la inconstitucionalidad de la amnistía, en ir a la Fiscalía a denunciar y su caso está bastante avanzado. Faltaban dos minutos para que se terminaran los 20 minutos y los diputados ya no querían dejar que hablara Juan José Dalton. Yo le dije a Juan José Dalton que hablara. Su padre fue asesinado y desaparecido por la guerrilla y, él es víctima de un crimen de guerra porque fue capturado, herido, era prisionero de guerra y lo torturaron. Esa experiencia me dice a mi que los diputados no han tenido voluntad de escuchar a las víctimas, han escuchado a los que se dicen representantes de las víctimas.

 

¿Puede haber justicia transicional sin cárcel para los victimarios?

Yo trato de no hablar de justicia transicional porque la gente escucha justicia restaurativa, justicia retributiva. ¿Cuántas justicias hay? Justicia solo hay una. ¿Cómo llegar a la justicia en periodos de transición de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia? Hay que buscar formas, que puede ser la reforma retributiva o la restaurativa. La forma retributiva es la que le da a cada quien lo que se merece. Usted cometió una barbarie en El Mozote, usted merece cárcel de por vida, 30 años por lo menos. La justicia restaurativas es que aquella que también en una transición se puede utilizar y se debe utilizar. Eso lo dice la sentencia de la Sala de lo Constitucional de julio de 2013.

Nosotros, desde el proyecto Vidas tenemos una propuesta que consiste en crear espacios comunitarios para sanar heridas, como parte de esa justicia restaurativa; es decir, restaurar el tejido social. Por ejemplo, donde la señora, que era madre y esposa de desaparecidos, pueda sentarse con un apoyo psicosocial, con la comunidad presente y con el victimario de frente para que le pida perdón, dando información. Al menos que diga dónde están los cuerpos y le diga en qué fosa están enterrados los cuerpos de sus hijos y de su esposo.

La señora tiene el derecho personal de perdonar o no perdonar. Además, la sanción debería imponerla la comunidad, hipotéticamente, esa señora como se crió sin sus hijos que trabajaban la casa, que la comunidad puede decidir que los victimarios le reparen la casa y que le den una cuota mensual para su manutención. Eso es justicia restaurativa, para la transición de la guerra a la paz.

 

¿Puede haber justicia sin cárcel?

Sí puede haber justicia. No es que desde la Asamblea Legislativa se va a decir que los que están enfermos, los que cumplieron 65 años de años ya no (recibirán cárcel). En las comunidades, en esos espacios para sanar heridas es donde nosotros creemos que se puede hacer eso y no conlleva necesariamente cárcel, pero a partir de la decisión personal de la víctima, si perdona o no.

La cárcel es parte de la forma de garantizar que no se repitan las atrocidades que ocurrieron aquí en El Salvador. Caso contrario, puede ocurrir lo mismo de los hechos de enero de 1932. Después de la matanza 30 mil indígenas y campesinos, el caso se resolvió con una amnistía en julio de 1932, se emitió una amnistía perdonando a los criminales y castigando a las víctimas.

 

En este nuevo plazo que ha dado la Sala de lo Constitucional para la aprobación de la ley ¿Cree que se debe hacer una nueva ronda para escuchar a las víctimas o se debe iniciarse ya con el estudio de los dos anteproyectos de ley?

A las víctimas hay que escucharlas. Le gente dice  que las víctimas no conocen la técnica legislativa, no conocen los convenios, tratados internacionales, los códigos. Sí, pero conocen su dolor. Yo escuché a una víctima, hace un mes y medio, que en el marco de las atrocidades de Mayo Sibrián, le llevaron por la fuerza a los tres hijos. Al terminar la guerra, solo regresó la hija que había sido víctima de violencia sexual. Los hijos nunca aparecieron, nunca regresaron. Esa señora dijo que esos hechos los llevaba pegados en el alma. A mi me impactó. En la Constitución, en los primero artículos, se habla de la indemnización, que es parte de la reparación, que no va a aliviar ningún dolor. Yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de reparación.

Esa señora, al igual que las víctimas de 1932, no ha recibido ningún apoyo psicosocial. No hablemos de dinero, hablemos de apoyo psicosocial, espacios donde contar, donde poder hablar, donde poder escuchar y sentirse mejor, no lo han tenido. Yo sí creo que el desafío es grande, pero no lo quieren asumir en la Asamblea Legislativa. Hay un factor que distorsiona las cosas. Hay que ir a escuchar a las víctimas no en grupos de 50. Hay que hacer como hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá en Las Anonas, San Carlos Lempa, allí por el puente de Oro. Allí estuvieron reunidos una mañana, en una escuela rural escuchando pacientemente, pero también atentamente, los testimonios de las víctimas.

Las Anonas fue uno de los cantones donde Mayo Sibrián y sus secuaces hicieron de las suyas. Entonces, la mayor parte de testimonios fueron en contra de la guerrilla de las Fuerzas Populares de Liberación. A las víctimas hay que escucharlas, no tienen que tener intermediarios, las víctimas no necesitan ser representadas, necesitan ser acompañadas. Las víctimas no saben a dónde hay que ir a poner las demandas, cómo se elabora una demanda y qué articulo se debe de citar. Eso no lo saben las víctimas.

 

¿Las víctimas no son revictimizadas al volverlas a escuchar?

Es que a las víctimas nadie las ha escuchado. Lo que dijeron las víctimas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que les daban gracias por haberlos escuchado. Son víctimas que no quieren ser revictimizadas con la impunidad. La mayor revictimización es que no se esclarezca la verdad, que no se haga justicia, que no se sancione a los responsables, que no se les repare integralmente, esa es la mayor revictimización.

 

La Subcomisión Política hizo cinco visitas al interior para escuchar a las víctimas, ¿Fue muy reducido este esfuerzo?

Fueron visitas improvisadas y malintencionadas. Hubo víctimas que les avisaron un día antes, por eso era improvisado. Nunca se conoció una planificación o una metodología, nada. Malintencionada porque llegaron excombatientes y los excombatientes, no digo que todos, pero muchos han sido victimarios. Las consultas eran con las víctimas, no con los excombatientes y hablo de excombatientes de los dos bandos.

 

¿Cómo ve el trabajo que ha hecho el Gobierno actual en la reparación de las víctimas?

Es un Gobierno mediático y tuitero. El primer tuit fue simbólico porque se ordenaba quitar el nombre del teniente coronel, Domingo Monterrosa de la Tercera Brigada de Infantería. Me dicen y yo no he escuchado de ningún proceso administrativo para quitarle el nombre realmente, solo pintaron el muro. Sería bueno que nos cuente, a través de un tuit que administrativamente, la Tercera Brigada de Infantería, ya no lleva el teniente coronel, Domingo Monterrosa. El señor presidente Bukele ha hablado de El Mozote y ha invitado a comer a las víctimas de El Mozote, pero cuando el juez de San Francisco Gotera le pidió archivos concretos de operativos militares que tuvieron que ver con la masacre de El Mozote y cantones aledaños, la respuesta fue de no hay de información, y eso es lo que han dicho los mismos de siempre. Señor Bukele, lo que nosotros le decimos desde el proyecto Vidas es que vea cómo hace para conseguir los expedientes de la Comisión de la Verdad. En el expediente de Naciones Unidas hay un montón de información.

 

 

Perfil

Benjamín Cuéllar

Fue director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca). Es el demandante de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, que fue expulsada del ordenamiento jurídico el 13 de julio de 2016.

En octubre pidió la ampliación del plazo para la aprobación de la ley de reconciliación, que fue extendido hasta el 28 de febrero de 2020.




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