Esta semana se conoció que El Salvador es el país de Centroamérica con la peor calificación en el manejo de fondos públicos, según el Índice de Desviación de Fondos Públicos, del Foro Económico Mundial. Se trata de otra vergonzosa calificación para el país, ya de por sí bastante mal evaluado en casi todos los índices que tienen que ver con la forma de hacer negocios o la transparencia en el uso de fondos. Pese al discurso gubernamental de transparencia, hay que decirlo, la retórica es muy amplia pero las acciones muy escasas.

El país ha tenido avances ciertamente en transparencia pero gracias al clamor de una sociedad harta de los desmanes de las últimas administraciones gubernamentales, cuyos mandatarios han terminado en prisión o prófugos de la justicia. La transparencia no es una concesión ni un favor del Estado hacia sus ciudadanos, es un derecho fundamental de la ciudadanía para conocer el manejo de sus recursos por parte de los funcionarios.

Otro informe del Banco Interamericano de Desarrollo advertía que la corrupción está afectando fuertemente a la población y que frena la lucha contra la pobreza.  El Salvador no puede continuar por este camino del derroche y el despilfarro. Necesita gobernantes enfocados y comprometidos en usar transparentemente los fondos públicos.