Editorial & Opinion

Partidocracia y desaciertos legislativos

Aldo Álvarez / Abogado y directivo del CD

sábado 12, octubre 2019 - 12:00 am

La coyuntura política y los acontecimientos recientes en términos del ejercicio de gobierno de la presidencia de Nayib Bukele, parece haber hecho una especie de “corto circuito” en las decisiones y acciones de la que podríamos llamar “una suerte de oposición política”.  Y digo un “corto circuito”, porque ante la imposibilidad de entendimiento del fenómeno que encarna dicha presidencia, la actitud de los miembros de la partidocracia polar (quizá ex-polar) ha sido una postura reaccionaria, pero como la “lógica” política que le aplican a dicha presidencia es la “lógica” política “tradicional”, la que sus cabezas políticas conocen y ejercitan como “acción política”, por ello sus acciones se vuelven erráticas y hasta rayando el ridículo.

Dan pena ajena, y cómo no llamarlo de esa manera, cuando a la partidocracia se le ocurre hacer ¡dos torpezas legislativas de hondo calado! La primera de ellas, en su afán de demostrar y desplegar una acción de “fuerza” y “matonería” legislativa, la partidocracia moribunda logró una correlación legislativa para, según ellos, “remontar” un veto presidencial en relación a un decreto que a todas luces violaba e invadía funciones y competencias constitucionales del Ejecutivo.

Pero lejos de “resolver” el problema lo acrecentaron, pues la solución a la que habían llegado las autoridades del gobierno con los médicos y practicantes involucrados –que dicho sea de paso era satisfactorio para ellos-, con dicha “remontada” legislativa, ahora quedará congelada la implementación de dicho acuerdo, pues como dice nuestra Constitución, cuando haya un remontada de un veto presidencial por parte del legislativo, y las razones esbozadas para ello sean de carácter constitucional, será la Sala de lo Constitucional de la CSJ la que en últimas dirima el caso y determine quién tiene la razón, y para ello pueden pasar incluso años. O sea que, dicho en corto: Empeoraron las cosas lejos de resolverlas; un centímetro más de la honda tumba en que se están sepultando frente a la población. Pena y lástima ajena.

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La segunda torpeza de inconmensurables proporciones tiene que ver con la descabellada decisión de formar una “Comisión para investigar las declaraciones del Director de Reconstrucción del Tejido Social”, quien se refirió recientemente en términos de que los causantes del repunte en el índice de homicidios eran los partidos Arena y FMLN, y que ello podía ser constitutivo de delitos contra el “honor” y “el prestigio” de tales partidos políticos, en fin, posibles delitos de calumnia y difamación.

En primer término, ya uno no sabe quién o quiénes asesoran a estos partidos casi extintos en materias política y jurídica, pues los delitos contra el honor sólo se pueden cometer contra personas naturales, quienes son las únicas detentadoras y poseedoras del llamado “honor y buen nombre”, que tiene que ver filosóficamente incluso hasta con la preciación que tiene el ser como parte de un colectivo y que realiza una determinada actividad o papel social; es el sentimiento personal el dañado, la estima propia, el orgullo individual, del cual carecen las personas morales o ficticias, y si algún tipo de transgresión existe en este campo a las personas jurídicas, se circunscribe muy limitadamente a la del derecho mercantil, para el caso de las empresas y su “buen nombre o reputación comercial”, puesto que este “prestigio” es el que les permite algún tipo de preferencia o aceptación por parte del público en términos de actividad mercantil, y no porque se considere dañado algún sentimiento u orgullo de la persona jurídica comercial.


Dicho lo anterior, debo acotar que cosa distinta ocurre con los institutos políticos partidarios, pues éstos si bien se constituyen como personas jurídicas, están sometidos a una actividad social muy diferente a la de las empresas mercantiles, pues su “prestigio y buen nombre” tiene que ver con el papel político que han desempeñado o como partido en el gobierno o como partido en la oposición, y encontrándose tal actividad fincada en el campo de la ética de la responsabilidad o del resultado político, es en estos términos que se pueden expresar las consideraciones sobre la efectividad o la responsabilidad causal que un partido pueda tener, para el caso, en el repunte de actividades criminales como los homicidios, pues depende de la apreciación del despliegue de las adecuadas o erradas políticas públicas que un partido en el gobierno o en la oposición haya realizado, para hacer las valoraciones sobre su responsabilidad en hechos que pueden ser considerados como delictivos o criminales.

En consecuencia, la conformación de tal Comisión, no sólo es una decisión inconstitucional –por carecer del elemento de ser un tema de interés nacional-, sino que además es toda una torpeza política, por las reacciones que en el público ha generado tal decisión. Pero bueno, un paso más que la partidocracia da en el camino a su total extinción, lo cual a mí me alegra de sobremanera…




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