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Personal de la CICIG abandona Guatemala

AFP

miércoles 9, enero 2019 - 12:00 am

Algunos guatemaltecos se hicieron presentes en el local de la Cicig para protestar en contra de la entidad de las Naciones Unidas, colocando coronas y quemando petardos. / AFP

Personal de la comisión anticorrupción de la ONU en Guatemala comenzó ayer a abandonar el país como medida de seguridad, al día siguiente de que el gobierno del presidente Jimmy Morales anunciara el cierre unilateral de la entidad, informó una fuente del organismo.

“Se ha puesto en marcha el plan de contingencia y se ha solicitado al personal internacional que salga del país hasta nuevo aviso”, dijo a periodistas el vocero de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Matías Ponce.

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El portavoz comentó que la decisión se tomó ante los riesgos derivados de la sorpresiva cancelación del acuerdo del gobierno guatemalteco con la Cicig, el cual tenía vigencia hasta el próximo 3 de septiembre.

La ONU confirmó en Twitter la activación del plan de contingencia “tras vencerse el plazo marcado por el gobierno de Guatemala para terminar con el acuerdo de establecimiento” de la Cicig.


Imágenes en redes sociales y la prensa mostraron el ingreso de vehículos a la sede de la comisión en la capital, y luego salen con materiales y mobiliario de oficina, mientras decenas de personas con banderas de Guatemala queman petardos y gritan consignas contra la misión internacional.

El vocero del Ejército, Óscar Pérez, indicó que a partir de hoy los agentes privados de seguridad que resguardaban al personal de la Comisión deben entregar las licencias de tenencia y portación de armas de fuego.

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala escoltan a miembros de la Cicig mientras abandonan el local de la entidad en medio de protestas. / AFP

Batalla legal

El cierre unilateral de la Cicig desató una guerra judicial y crispó las tensiones en el país, donde organizaciones civiles amenazan con protestas contra el gobierno del presidente Jimmy Morales.

Grupos projusticia, humanitarios, académicos, indígenas y universitarios piden que se revierta la medida del mandatario, mientras sectores conservadores, políticos de derecha y la cúpula empresarial demandan que se respete la decisión y soberanía del país.

“La decisión unilateral de presidente Morales (…) es una señal más del progresivo rompimiento institucional y el Estado de Derecho”, sostuvo Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992.

Juristas debaten sobre la posible ilegalidad de la sorpresiva decisión: mientras unos la consideran ajustada a derecho, otros sostienen que el gobierno desobedeció fallos de la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), que avaló la presencia de la Cicig.

Hasta el momento, se han presentado cinco amparos ante la CC contra el mandatario, y cuatro de ellos solicitan la destitución de Morales.

Asimismo, varias entidades sociales organizan protestas en la capital y el interior del país contra la medida gubernamental.




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