El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, presentó ayer el proyecto de decreto “de disposiciones especiales” que pretende controlar judicialmente y crear un registro de los miembros de maras y pandillas que comenzarán a ser deportados de los Estados Unidos.

La semana pasada, el Gobierno de Estados Unidos prometió erradicar y deportar a los miembros de la MS-13  responsables de los recientes crímenes en Nueva York.

Según el proyecto, los mareros o pandilleros deportados estarán obligados a llenar un registro con sus datos personales y lugar de residencia. Negarse a dar esta información o entregar datos falsos será sancionado con cárcel; sin embargo, no se ha determinada cuál sería la pena.

Además, quedarían bajo la vigilancia judicial y tendrían que abocarse cada 30 días a firmar un acta policial en la delegación más cerca del lugar de residencia.

“Con esta legislación de disposiciones especiales no puede dar mayor fortaleza institucional de control (de los deportados)”, dijo el vicepresidente. Expresó que todavía no se ha determinado cuánto será el costo económico para implementar el decreto.

El proyecto fue socializado por el vicepresidente de la República con los diputados a los diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa.

En la sesión de trabajo también participó el fiscal general de la República, Douglas Meléndez; el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde.

También estuvo el canciller de la República, Hugo Martínez; el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas.

Gallegos informó que el proyecto de decreto sería recibido hoy en la Asamblea Legislativa.

Por su parte, el Fiscal General de la República consideró que la creación de registro de mareros y pandilleros deportados ayudaría a la Fiscalía General a mejorar los procesos de investigación. Expresó que actualmente la Fiscalía “no está  recibiendo el flujo de información necesaria de los delincuentes o pandilleros deportados”.

¿Qué propone el proyecto de decreto del Gobierno?

Creación de registro de mareros y pandilleros deportados

La propuesta de decreto transitorio contempla que los pandilleros deportados estarán obligados a llenar un registro con sus datos personales y dirección de residencia en El Salvador.

Sanciones carcelarias por falsear la información

Los mareros o pandilleros deportados que se nieguen a entregar la información personal o la dirección de su residencia serán sancionados penalmente. Todavía no se ha establecido la condena.

Estarán bajo control judicial: cada 30 días a juzgado

Si el proyecto de decreto se aprueba, los deportados tendrán que acudir cada 30 días a la delegación policial más cercana de su lugar de residencia a firmar un acta policial.