Nacionales

Piden ocho años de prisión para exmédicos de IML

Juan Carlos Vásquez

jueves 24, enero 2019 - 12:01 am

Los exmédicos tienen medidas alternas a la detención y deberán presentarse el próximo 30 de enero a escuchar la decisión del juez. / DEM

Al finalizar la vista pública en contra de los dos médicos que trabajaban en el Instituto de Medicina Legal (IML), la Fiscalía General de la República solicitó al Tribunal Segundo de Sentencia que los condene a una pena de ocho años de prisión por el delito de negociaciones ilícitas.

Mientras que para Cindi Berenice García de Portillo, representante de Diprolab S.A. de C.V.,  señalada de falsedad ideológica, el Ministerio Público pidió una condena de seis años de cárcel.

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El caso tiene que ver con las compras directas que de forma irregular hicieron supuestamente los médicos Juan Carlos Monterrosa y Josefina Morales de Monterrosa, quienes adquirieron suministros médicos para el Laboratorio de Genética hasta por un monto de $219 mil, según lo señaló ayer en sus alegatos finales la Fiscalía.

Los dos médicos hicieron las compras al referido laboratorio que era representado por García de Portillo, sobrina de la doctora Morales de Monterrosa, según lo ha mantenido desde el principio el Ministerio Público.


Los fiscales, durante el juicio, destacaron que familiares de empleados públicos no podían participar en licitaciones porque la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) lo prohíbe; no obstante, los médicos, que en ese momento laboraban en el IML, permitieron que Cindi Berenice García de Portillo, como representante de Diprolab S.A. de C.V., lo hiciera.

Detallaron que la representante de dicha empresa, sabiendo que su tía era empleada del IML plasmó por escrito que no tenía ningún familiar en esa entidad, incurriendo en una falsedad ideológica.

La Fiscalía dijo que hubo intención de parte de los médicos para favorecer a su pariente y que ese fue el móvil, ese accionar ilícito, según los fiscales, llevó a esa relación interpersonal de tipo financiero, razón por la cual solicitaron que los tres procesados sean condenados por los delitos que se les atribuye desde el momento que se judicializó el caso.




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