Fotografía de la PNC de Guatemala.

Esta semana, la Policía Nacional de Guatemala difundió en sus redes sociales un video que registraba la captura de un pandillero, en el marco de un operativo que incluyó 69 allanamientos en varios municipios del país, que buscaban desarticular estructuras de extorsionistas y sicarios del barrio 18.

En el video se observa a un grupo élite de la PNC llegar hasta el patio trasero de una casa, donde está el pandillero Carlos Gerardo Estrada Treni, de 24 años, quien, en ese momento, supuestamente se disponía a escapar del lugar subiendo una escalera. Sin embargo, el video levantó sospechas entre los usuarios de Twitter, ya que el material parecía que se trataba de una dramatización y un montaje preparado y previamente editado.

Así inmovilizamos y capturamos al apodado “liro men” Carlos Gerardo Estrada Teni, el objetivo más importante del operativo de hoy #PNCcontraExtorsiones es acusado de asesinato asociación ilícita, y obstrucción extorsiva del tránsito.
Otro jefe marero que va a la cárcel. pic.twitter.com/sR4GH4hDsW

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 22, 2018

A la PNC le llovieron críticas por este caso. Tras la detención fue el mismo detenido quien reconoció que había actuado en el video y dijo que le habían solicitado que lo hiciera.

Tras la polémica, el director de la PNC de Guatemala, Nery Ramos, admitió ayer que se trataba de un montaje.

“Estoy lamentando un video de mal gusto que hace circular el departamento de Prensa que desmerita el trabajo profesional de policías en 18 meses”, manifestó Ramos en una entrevista con Emisoras Unidas.

El titular de la corporación policial también dijo que las imágenes contenidas en el video no se comparan con un operativo real.

“De una manera irresponsable, inconsulta y unilateral, como se aprecia en la grabación, alguien toma la decisión de grabar el video, subirlo a las redes sociales, los policías se prestaron a realizar acciones repudiables desde cualquier punto de vista”, agregó.

La Policía aseguró que ha iniciado una investigación del caso para deducir responsabilidades, como lo establece el reglamento de la institución, y aplicar las sanciones respectivas, que irían desde suspensión de labores sin goce de sueldo hasta la destitución.