Editorial & Opinion

Política fiscal y sostenibilidad ambiental

Lourdes Molina Escalante / Economista sénior Icefi @lb_esc

jueves 23, mayo 2019 - 12:00 am

La riqueza natural de Centroamérica es un factor estratégico para garantizar el bienestar de las personas. Sin embargo, la dimensión ambiental del desarrollo y las implicaciones de las actividades económicas en el entorno natural, han sido históricamente excluidas en el diseño de las políticas públicas, incluyendo la política fiscal. Como consecuencia de este abandono, la región presenta una constante degradación de su capital natural y una creciente vulnerabilidad ambiental.

Entre 2000 y 2015, Centroamérica ha experimentado la pérdida neta de 3.1 millones de hectáreas de superficie boscosa, equivalente a 1.5 veces el territorio de El Salvador. Y es justo nuestro país el que menos bosques tiene: para 2015 nuestra cobertura forestal era apenas del 12.8 %. A la pérdida constante de bosques, se suma la insostenibilidad de los patrones de consumo, es decir, que la cantidad de agua, tierra y recursos naturales que las y los centroamericanos requerimos para producir los bienes y servicios que consumimos y absorber los residuos de dicho consumo, superan la capacidad de nuestros ecosistemas para regenerarse; de tal forma que, si el resto del mundo tuviera patrones de consumo iguales a los de Centroamérica, se requeriría contar con recursos equivalentes a 1.4 planetas para satisfacer la demanda de bienes y servicios.

Por si eso fuera poco, nuestra región, a pesar de no ser gran emisora de gases de efecto invernadero, es una de las más vulnerables frente al cambio climático: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se encuentran entre los 20 países que más han sido afectados por eventos climáticos, de acuerdo con el Índice de riesgo climático de largo plazo.

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Este deterioro de las condiciones ambientales se profundiza cada vez más, en especial cuando desde el Estado no se impulsan políticas públicas para desarrollar, por ejemplo, sectores clave como las energías renovables, pero sí se apuesta por actividades como la minería, que además de representar grandes riesgos ambientales son un foco de conflictividad.

Si los Estados centroamericanos siguen sin atender esta problemática, elementos básicos para la vida de las personas, como el acceso al agua, la producción de alimentos, la salud y el ambiente, podrían verse afectados de manera irremediable. Es decir, nuestros Estados no pueden aspirar a avanzar en sus procesos de desarrollo sin tomar en consideración la sostenibilidad ambiental de los mismos. Y esto no es algo nuevo, nuestras Constituciones Políticas establecen la obligación de los Estados de proteger los recursos naturales y garantizar el derecho a un medio ambiente sano; a eso debemos añadir que al adoptar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, los países centroamericanos se comprometieron a impulsar el desarrollo desde una mirada integral que incluye la dimensión ambiental.


Para garantizar la sostenibilidad ambiental del desarrollo, y cumplir con su mandato y con los compromisos suscritos, los Estados centroamericanos deberían utilizar todas las herramientas de política pública que estén a su alcance. En ese sentido, la política fiscal representa una oportunidad para fortalecer los sistemas de gestión ambiental, abordar los desafíos que la regulación ambiental directa no puede controlar, y modificar el comportamiento de los agentes económicos hacia patrones más sustentables en términos ambientales.

Hay varios ejemplos de cómo la política fiscal centroamericana puede utilizarse para alcanzar objetivos ambientales: con la implementación de impuestos y tasas ambientales sobre patrones de producción o consumo contaminantes; con la evaluación de los actuales sistemas de subsidios, de tal forma que contribuyan a garantizar el acceso a bienes y servicios públicos básicos, como electricidad o transporte colectivo, sin menoscabar la sostenibilidad ambiental subsidiando el consumo de combustibles fósiles o matrices energéticas no renovables; con la promoción de sendas de crecimiento bajas en carbono para sectores estratégicos, como transporte y energía; y, la ejecución de gasto e inversiones públicas con criterio de sostenibilidad ambiental. Se debe tener en cuenta que para que estas medidas sean exitosas, deben formar parte de una mezcla comprensiva de políticas y cambios en la institucionalidad pública que, en el marco del desarrollo sostenible, permitan alcanzar objetivos tanto de política ambiental, como de política social y económica.

Contar con una política fiscal que contribuya a la sostenibilidad ambiental es un gran desafío para los Estados, pero también representa una oportunidad para que éstos cumplan con su obligación de garantizar la vida y el bienestar de las personas.




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