Editorial & Opinion

Por nuestros niños y niñas asesinadas

Jaime Ulises Marinero / Periodista

martes 8, octubre 2019 - 12:00 am

José Luis Pérez Madrid, era un niño de 11 años, inquieto, que le gustaba divertirse sanamente como todo pequeño  de su edad. El viernes 27 de septiembre pasado quiso ir al parque de la colonia Veracruz de Cuscatancingo para divertirse un poco. Ahí lo vieron con vida por última vez. Ese mismo día fue reportado como desaparecido y la mañana del domingo 29 fue encontrado asesinado bajo el puente Urbina de Ciudad Delgado.

Excepto la Fiscalía General de la República que lamentó el asesinato y prometió investigar a profundidad el hecho, ninguna otra institución, que se supone vela por la seguridad y el bienestar de la niñez salvadoreña, se ha pronunciado. Nada de cruzadas para apoyar a la familia o para pedir justicia por este crimen, como ocurre cuando se procesan a mujeres que supuestamente han participado en homicidios agravados de sus hijos recién nacidos. Hay un silencia total y absoluto. Un silencio que se convierte en complicidad por omisión de la sociedad.

Aparentemente en la colonia Veracruz opera una pandilla distinta a la que delinque en la zona del puente Urbina, lo que puede dar pie a pensar que las pandillas o grupos terroristas tienen algo que ver con la muerte del pequeño José Luis.

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Todo asesinato es repudiable, pero más aún si la víctima es un niño o una niña. Uno, como  simple ciudadano, no puede más que pedir justicia. Los asesinos deben capturarse, reunir  pruebas suficientes y llevarlos ante los tribunales para que sean sentenciados a duras penas carcelarias. Al no haber pena de muerte en El Salvador para castigar los crímenes horrendos, pues 50 años de prisión es lo justo.

Recordemos que a finales de agosto pasado en el caserío La Montaña del cantón Las Tejas de Candelaria de la Frontera, en el departamento de Santa Ana, fue asesinado José Julián Martínez, de apenas nueve años. El niño, supuestamente fue asesinado por su tío Pablo Gilberto Vásquez Martínez, de 19 años, quien confesó que mató a su sobrino porque alguien le había ofrecido 500 dólares para que cometiera el crimen.  Como presunto autor intelectual del asesinato fue detenido José Antonio Cruz, un anciano amigo de la familia de la pequeña víctima. En este caso los mismos familiares de la víctima no creen que el anciano sea el autor intelectual porque lo consideran un gran amigo. Aún así, los dos sospechosos enfrentan el proceso judicial por el crimen de José Julián.


Los asesinatos de José Luis y José Julián son apenas los dos últimos hechos horrorosos que nos impactaron individual y colectivamente a los salvadoreños. Nos impactan a todos, menos a los organizaciones e instituciones que tienen como finalidad velar por los intereses de la niñez y adolescencia. Hasta ahora no ha habido pronunciamientos públicos de organizaciones no gubernamentales o de instituciones estatales exigiendo justicia en ambos casos o formando comités o movimientos para apoyar a las familias.

Lo peor, como suelo decirlo, es que dentro de algunos meses ya nadie, exceptuando sus familiares, vecinos, amigos y compañeros de estudios, se recordará de ambos niños. Pasarán a ser números de frías estadísticas que serán reveladas por “instituciones pro la niñez salvadoreña”.

Ya nadie o muy pocos  recuerdan a Melvin Barrera, Armando Martínez, Gerardo Villeda, José Cruz, Luis García, Irving Castillo, Jennifer Rodríguez, Oscar Santos, Denis Flores, Marco Pimentel, Samuel Ramos, Mario Martínez, Ismael Grijalva, Brayan Ramírez, Rodrigo Miranda, José Castro, Samuel Rivas, Juan Berríos, Carlos Castro, Daniel Escobar, Alcides Morales, Kimberly Amaya, Wendy Gómez, y muchos cientos de niños y niñas que han muerto a manos de la delincuencia, especialmente por el obrar de los pandilleros.

La mayoría de homicidios contra niños, niñas y adolescentes se encuentran en la total impunidad. En muy pocos casos se logra hacer arrestos y enfrentar a los homicidas ante la justicia. Las autoridades “se lavan las manos” al decir que son muertes producto del accionar pandilleril. Pareciera que la mayoría de investigaciones llegan hasta ahí. Si se sabe que son pandilleros los que matan a los niños, pues hay que capturarlos y seguirles el proceso hasta ser condenados.

Nuestra niñez parece estar desamparada, expuesta al accionar delincuencial. El Estado, las instituciones y especialmente la familia debemos proteger a nuestros niños. Por cada crimen contra la niñez hay que exigir  justicia y jamás utilizar un horrendo crimen contra nuestros niños para sacar provecho mediático o para justificar las estadísticas de organizaciones improductivas. ¡Justicia ya!




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