El periodismo salvadoreño es de larga data, pues se dice que obreros  nuestros fabricaron una imprenta artesanal con la cual se publicó un folleto anónimo de pocas páginas titulado “El Puntero Apuntado con Apuntes Breves”, dedicado al cultivo del añil, cuando aún estábamos sometidos a la corona española. Fue en 1824 que el Presbítero y Dr. José Matías Delgado, destacado prócer de la Independencia centroamericana, contrató y pagó “con dineros del pueblo” una imprenta que hizo venir desde la ciudad de Guatemala, instalándola en casa del ciudadano capitalino don Manuel Herrera, ubicada enfrente de un terreno donde, muchísimos años después, se construyera aquel inolvidable Cine “Apolo”. En esa imprenta nació un 31 de julio de 1824 el primer periódico cuscatleco que fue bautizado con el nombre de “El Semanario Político y Mercantil”, cuyo advenimiento fue recibido por los sansalvadoreños como “El portador de la buena nueva”.

Asimismo, desde esa fecha surgieron periódicos diversos, algunos de efímera existencia que aparecían en épocas de convulsiones políticas, pero así, poco a poco, el periodismo se fue transformando en una actividad profesional de mucho respeto e interés, a tal grado que varios intelectuales, de uno y otro género, incursionaron por años en las salas de redacción de aquellos periódicos.

Durante la administración del general don Francisco Menéndez (junio de 1885 a junio de 1890) se decretó la Ley de Imprenta, que con sus reformas sigue vigente hasta nuestro tiempo. En el año de 1936, en pleno auge de la administración del general don Maximiliano Hernández Martínez, se funda la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), en defensa no solo del gremio en sí, sino también de la libertad de expresión. Fueron años muy duros que se afrontaron en ese tiempo y periódicos como El Diario de Hoy y Diario Latino sufrieron cierres, exilios de sus propietarios, encarcelamiento de algunos redactores y el establecimiento de una cruel censura.

La inclusión de la libertad de expresión en la Carta Magna de 1950 fue un gran logro del periodismo nacional y esta norma se ha mantenido inalterable hasta nuestros días en el Art. 6 de la Constitución de la República. Sin embargo, se pasaron días difíciles durante la etapa de la “dictadura militar” y varios medios fueron dinamitados u obligados al cierre, sus directores encarcelados y torturados, o simplemente extrañados del territorio, mientras los implementos de imprenta fueron confiscados “manu militari”.

Esta situación se agravó durante el conflicto fratricida, cuando la intolerancia ideológica de los grupos de izquierda agrupados en el llamado “Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional” (FMLN, hoy partido oficial) dinamitaron en la nocturnidad y sucesivamente, tanto La Prensa Gráfica como El Diario de Hoy, mientras los sectores derechistas atacaron periódicos que eran considerados “enemigos”, como Diario La Crónica  y otros. Varios periodistas nacionales y extranjeros fueron muertos como consecuencia de los cruentos combates o lesionados de gravedad.

Al firmarse los Acuerdos de Paz, uno de sus principales apartados fue dejar incólume la libertad de expresión, como base fundamental para el logro y conservación del Estado social y democrático de Derecho. Pero un reciente informe de APES ha provocado una reacción de pesimismo, preocupación e interés que no se puede pasar inadvertida por ningún ciudadano, ni asociación académica o jurídica. La entidad gremial afirma que se han producido hechos lamentables durante el actual gobierno, que dejan al descubierto la preocupante gestación y ejecución de acciones que podrían ser consideradas atentatorias y de grave riesgo para la libertad de expresión en nuestro país, mismas que no vamos a repetir por razones de espacio. Lo planteado y denunciado por APES merece una clara, urgente y exhaustiva investigación de la Fiscalía General de la República, de la misma Sala de lo Constitucional y enérgicos pronunciamientos de “los tanques de pensamiento”. No estoy llamando “a tocar tambores de guerra”, como ha sido costumbre entre nosotros, sino a buscar medidas efectivas y eficaces que sirvan de definida protección al sagrado derecho de expresarnos libremente, sin más limitaciones que las ya señaladas por la misma Carta Magna y leyes del país. El derecho a disentir no quiere decir derecho a mentir, ni mucho menos, derecho a morir…¡asesinado!