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Política

Prepararán una ley de reconciliación que sustituirá amnistía

Edgardo Rivera

jueves 14, junio 2018 - 12:02 am

El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, anunció ayer la creación de una Comisión ad hoc para estudiar una Ley de Reconciliación Nacional, que sustituya a la Ley de Amnistía, derogada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en resolución del 13 de julio de 2013.

Dos miembros de la comisión ad hoc fueron señalados por el informe de la Comisión de la Verdad, publicado antes de la aprobación de la Ley de la Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada en 1993 y declarada inconstitucional. Actualmente, está vigente la Ley de Reconciliación Nacional aprobada en 1992.

La comisión será presidida por el diputado del PDC, Rodolfo Parker, quien en representación del gobierno fue parte del equipo negociador de los Acuerdos de Paz del 16 de enero 1992.

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Por el FMLN, participará la diputada Nidia Díaz, quien representó a la exguerrilla como firmante de los Acuerdos de Paz y por ARENA el diputado Mauricio Vargas, quien fue  firmante de los Acuerdos de Paz en representación del gobierno. Por el PCN, estará el diputado y coronel Antonio Almendáriz; y por GANA, el diputado Juan Carlos Mendoza.

“Ellos se avocarán al estudio de una Ley de Reconciliación Nacional, que es la que vendría a sustituir a la derogada Ley de Amnistía. Debemos de tener en cuenta que ese tema es crucial para la estabilidad política y social de nuestro país y este grupo de diputados que ahora conformaron esa comisión, van a tener una responsabilidad de cara al futuro de nuestro querido país”, dijo Quijano.


La Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz se aprobó el 20 de marzo de 1993 y perdonó crímenes de lesa humanidad cometidos tanto por el Ejército como por la guerrilla.

En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional esa ley y en su resolución ordenó a la Asamblea Legislativa “regular los medios para garantizar el acceso a la información pública y sus circunstancias relacionadas con los crímenes de lesa humanidad”, y “considerar las medidas de reparación integral a las víctimas, que fueren necesarias para garantizar su satisfacción, compensación y reivindicación”, en un “plazo razonable”.




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