Política

Presidente de Asamblea dice "no es posible acatar" resolución de la CIDH

Edgardo Rivera

miércoles 29, mayo 2019 - 8:36 pm

Norman Quijano presidente la Asamblea Legislativa y la Comisión Política, que prepara un dictamen de ley de reconciliación.

Norman Quijano, presidente del órgano legislativo salvadoreño, expresó este miércoles que la Asamblea Legislativa no puede acatar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo presidente les requirió que interrumpan el proceso de aprobación de la nueva Ley de Reconciliación Nacional para evitar impunidad en la masacre de El Mozote.

“No es posible acatar una resolución en ese sentido y lo que tenemos que hacer es tratar de dar el mejor producto posible, escuchando a todos los actores”, dijo el presidente de la Asamblea de El Salvador.

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Según el diputado, la CIDH interfiere la soberanía legislativa ya que, argumentó, es facultad de la Asamblea Legislativa impulsar esa ley porque así lo establece la Constitución de la República.

“Allana en gran medida la soberanía de Estado salvadoreña, es una facultad constitucional que tenemos los legisladores, lo usual ha sido que se pronuncian sobre casos consumados y, en este caso, estamos en un proceso producto de una resolución a la Sala. Es imposible pensar que vamos a dejar satisfecho a todo el mundo, este es un tema sumamente complejo que despierta las ansiedades”, fueron sus palabras.


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“Independiente que el país sea suscriptor de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, no olviden que la Constitución prevalece sobre tratados, eso es importante”, agregó el político.

Sin embargo, el diputado René Portillo Cuadra, diputado del mismo partido, dijo que la resolución de la CIDH es vinculante y debe acatarse. “La CIDH fue reconocida por el Gobierno al suscribir el tratado. Desde ese momento, hay una ley secundaria que hay que respetar en el país. El Salvador aceptó la jurisdicción de la CIDH y, por tanto, esa resolución es válida”, expresó.

La CIDH externó que, de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 63.2 de la Convención Americana, "se requiere al Estado de El Salvador que suspenda inmediatamente el trámite legislativo del proyecto” de ley y ha pedido un informe al Estado a más tardar el 14 de junio.




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