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Internacionales

Presidente de Guatemala desafía a la justicia por misión anticorrupción de ONU

AFP

martes 18, septiembre 2018 - 12:00 am

Jimmy Morales, presidente de Guatemala. AFP

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, desafió este lunes una determinación de la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país, al mantener prohibido el ingreso al exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de una misión anticorrupción de la ONU.

Pese a que el domingo por la noche la CC ordenó que se le permitiera el acceso, el ministro de Gobernación (Interior), Enrique Degenhart, dijo a periodistas que Velásquez “no ingresará al territorio nacional”.

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El colombiano es el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente que desde que fue instaurado en 2007 ha sido clave para revelar casos de corrupción en el país. Junto con la fiscalía, la Cicig ha pedido en dos ocasiones levantar los fueros del presidente para investigarlo por sospechas de corrupción en su campaña de 2015.

Morales, quien otrora elogiaba el trabajo de la Cicig y que había prometido en campaña solicitar su prórroga hasta 2021, anunció este mes que no pedirá a la ONU una nueva ampliación del mandato de la Cicig, que vence en 2019.


Luego, el mandatario prohibió el ingreso de Velásquez a Guatemala, quien se encontraba de viaje en Estados Unidos.

Este lunes, Degenhart aseguró que Migración solo permitirá el ingreso a un nuevo “comisionado que sea electo a través de un proceso en armonía entre las partes, las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala”.

Corte de Constitucionalidad de Guatemala. AFP

Horas antes, la Corte de Constitucionalidad había dejado sin efecto de forma provisional la decisión del mandatario. La presidenta de la CC, Dina Ochoa, dijo que ese tribunal aceptó un recurso de amparo presentado por un abogado independiente contra la decisión del mandatario.

La Cicig adquirió protagonismo en abril de 2015 cuando, junto con la fiscalía general, revelaron una estructura de defraudación fiscal en aduanas encabezadas por el expresidente Otto Pérez y la exvicepresdenta Roxana Baldetti (2012-2015), quienes están en prisión y a la espera de enfrentar un juicio.

Sandra Jovel, canciller de Guatemala. AFP

Ultimátum a la ONU

La canciller guatemalteca Sandra Jovel dijo a periodistas que por instrucción de Morales giró una nota diplomática a Secretaría General de la ONU para pedir en 48 horas una lista de candidatos para sustituir al jurista colombiano, como única solución viable para solventar la crisis.

Jovel ratificó los dichos del ministro de Gobernación: “Él o la comisionado deberá ser nombrado con el asentimiento del Estado de Guatemala, lo cual es consistente con las prácticas, reglas y principios del derecho internacional”, afirmó la canciller, quien se negó a responder preguntas a los periodistas.

“Guatemala como Estado miembro y fundador de la ONU solicita al secretario general a que cumpla con su función de facilitador en la solución de los requerimientos de los Estado miembros”, agregó.

“En caso contrario se le atribuirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que surja de la falta de la designación de nuevo comisionado en los términos y plazos que se le han solicitado”, afirmó.

No obstante, diferentes sectores rechazan la posición del gobierno de Morales, pues Velásquez es el actual comisionado designado por la ONU, y el amparo fue aceptado porque el Ejecutivo prohibió su ingreso al país.

Iván Velásquez, jefe de la CICIG. Archivo DEM

Presión sobre Morales

La ofensiva de Morales contra Velásquez y la Cicig provocó desde la semana pasada bloqueos de carreteras por parte de organizaciones indígenas en el oeste del país, además de protestas en la capital y otras ciudades, convocadas por estudiantes universitarios y organizaciones sociales.

Distintos sectores han convocado a manifestaciones en distintos puntos del país el jueves próximo, para exigir la renuncia del presidente.

Este lunes, organizaciones sociales, de mujeres y de derechos humanos interpondrán ante la Fiscalía una denuncia en contra del jefe de Estado y otros funcionarios por desobedecer a la resolución de la Corte.

A su vez, la fiscal general, Consuelo Porras, dijo en un comunicado que las leyes nacionales, la convenciones internacionales y las resoluciones judiciales son vinculantes, por lo que sus “mandatos deben ser observados y cumplidos”.




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