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Editorial & Opinion

Presupuesto y finanzas públicas

Eugenio Chicas / Diputado del FMLN al Parlacen

martes 25, septiembre 2018 - 12:00 am

Cada año, antes de que finalice septiembre, el Ejecutivo debe presentar a la Asamblea Legislativa su iniciativa de Ley General de Presupuesto, instrumento que a la vez lleva adosada la Ley de Salarios del servicio público. Este es un proceso complejo y meticuloso que por varios meses desarrolla el Ministerio de Hacienda, en estrecha coordinación con la Secretaría Técnica de la Presidencia y cada una de las instancias ejecutoras bajo las metas aprobadas en el Plan Quinquenal de Desarrollo y según las prioridades de acuerdo a la disponibilidad de recursos y capacidad de ejecución relacionadas el ejercicio anterior.

Los montos más significativos para 2019 están cargados a: Ministerio de Educación con 1017.1 millones, 76.7 millones más que este año; Ministerio de Salud se presenta con 39.6 millones más que 2018 para un total de 662 millones, de éstos 55 millones son para la compra de medicamentos y un poco más de 40 millones para insumos médicos, reflejándose un aumento para estos rubros y una cobertura del cuadro básico de medicamentos del 80 al 85 %; seguridad pública alcanzará los 428.7 millones, 12 más que el actual; y el Ministerio de Economía ha planificado 122 millones, garantizando el subsidio al gas por 74 millones de dólares.

El presupuesto de 2018, actualmente en ejecución, es de 5, 567,5 millones de dólares. La propuesta para el siguiente año, que se conocerá con precisión este viernes, refleja un incremento del 12% y ronda los 6,142 millones. Si bien el gasto del próximo año crecerá, sigue siendo muy restrictivo en inversión especialmente por el pago del servicio de la deuda externa que en esta oportunidad alcanzará los 1822.8 millones, equivalentes al 29.67 % del presupuesto, debiéndose pagar obligaciones extraordinarias de eurobonos por un monto de 800 millones de dólares; deuda contraída en el último gobierno de Arena encabezado por el expresidente Antonio Saca que obligó en 2009 a consolidar la deuda de corto plazo, heredándonos el pago obligatorio para diciembre de 2019.

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De las demandas presupuestarias más significativas del próximo año encontramos la presión por los escalafones, entre los que destaca el del sector salud, educación, UES y PNC, cuando lo justo sería un escalafón general para todo el Estado, acorde a la realidad de ingresos del país. Todavía el presupuesto nacional se consume principalmente en salarios y funcionamiento del aparato del Estado, siendo muy limitada la capacidad de inversión.

Asimismo el reciente congreso de Comures demandó un incremento del 2 % del Fodes, esto significaría 85 millones más al actual de 259 millones, para alcanzar el 10 % de su histórica propuesta. No obstante, hace falta debatir la problemática del creciente y descontrolado endeudamiento de las municipalidades que sobrepasa los 92 millones de dólares, comprometiendo a 241 alcaldías con 2611 préstamos que en muchos casos implica hasta el 75 % del ingreso municipal por el Fodes.


Las necesidades presupuestarias también incluyen mayores recursos para el Fovial, a cargo del mantenimiento de los 4033 km de carreteras pavimentadas y los 2394 km de carreteras aun sin pavimentar bajo su responsabilidad. Falta resolver de algún modo el mantenimiento de las calles y caminos vecinales bajo responsabilidad de los municipios, lo que probablemente solo sería posible incrementando el aporte a este fondo y descargando esta responsabilidad de los municipios -tema de mucho debate-, sin faltar la necesaria proyección de obras viales estratégicas previstas en el Plan de Desarrollo. A estas demandas hay que sumar los 98 millones para cubrir el sistema de pensiones y el déficit crónico de alrededor de 350 millones que arrastramos cada año producto del desfase entre ingresos y gastos.

De acuerdo al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la carga tributaria regional ha venido disminuyendo, pasando de 14,2 % en el 2016 a un 14 % en el 2018, para un promedio de América Latina y el Caribe de un 18,9 %. En nuestro país esa carga es actualmente del 18,3 % con un peso mayor sobre el regresivo IVA que golpea a los que tienen menos ingreso, mientras el Impuesto Sobre la Renta apenas sobrepasa el 40 % de los ingresos, cuando debería ser mayor en justicia y progresividad.

Cada año crece la presión por el incremento presupuestario, así la demanda siempre estará muy por encima de las capacidades financieras del país. Esto exige otra discusión a fondo sobre las finanzas públicas: ingreso, endeudamiento y gasto, especialmente en periodos electorales en que los candidatos deben exponer en los debates sus puntos de vista sobre temas cruciales como reforma tributaria, política fiscal, transparencia y austeridad, y manejo de la deuda externa. No podemos seguir bajo canciones y spots discutiendo el futuro de El Salvador.




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