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Editorial & Opinion

Procedimiento abreviado y testigos criteriados

Dr. Mauricio E. Colorado / Abogado

lunes 13, agosto 2018 - 12:00 am

El escandaloso caso del expresidente Antonio Saca González acusado de apropiarse de la importante suma de $300 millones, ha impactado a la sociedad salvadoreña, -y a la comunidad política internacional- por el deslucido giro que ha tomado por el contraste  que causa la cantidad, que se supone será devuelta por el acusado, con la cantidad que fue tomada ilegalmente por el reo confeso. Quienes en su oportunidad aprobaron las reformas, que actualmente se pretenden aplicar probablemente jamás imaginaron que las mismas causarían tanto revuelo publicitario como el que se ha causado en el ambiente nacional, ya que pocos o nadie ha expresado satisfacción por el resultado real de la solución del caso, tal como se ha especulado.

Hasta el momento, todos los comentarios que he conocido, condenan los resultados del caso, porque nadie se explica cómo es posible que quien ha tomado $300 millones, sea condenado a 10 años de cárcel, y probablemente debido a medidas de “buena conducta” la pena se le reduzca aún más, si acaso no se le condona totalmente por medio de un decreto de indulto o amnistía, apoyado por un especial decreto legislativo pronunciado por legisladores comprometidos con pactos secretos no publicables por los medios de comunicación. Mi experiencia de Fiscal General hace casi 30 años me enseñó la experiencia de las presiones políticas de todos los sectores políticos del país, que con tal de obtener resultados, fueron capaces de ofrecer hasta lo indecible, y de usar la amenaza como medio de presión. En lo particular, comprendo al actual Fiscal General, y no lo condeno porque entiendo e imagino las presiones a las que estará sometido sobre el caso comentado y la protección que deberá tener, para el caso de que sea reelecto o no, en el cargo de fiscal.

Es de tener en cuenta que dentro de la Asamblea Legislativa que lo reelegirá o no, existen elementos que –nos guste o no- tienen cuentas pendientes y relaciones ocultas con el crimen organizado, que influyen gravemente en la política nacional. Lo cierto es que muchos dicen que se ha abusado de las figuras de testigos criteriados y de los procedimientos abreviados; y puede ser que tengan razón, pero es necesario recalcar, que uno de los grandes problemas del derecho es el cuestionamiento de la dualidad, legalidad y justicia, que se plantea dentro de la filosofía del derecho, como una disyuntiva: No todo lo legal es justo, ni todo lo justo es legal.

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De ahí que el error judicial, tiene un tratamiento especial: Es preferible liberar a un culpable, que condenar a un inocente. En el caso que nos ocupa, no estamos ante ese caso, porque existe una confesión y un beneficio que se concreta en una libertad mucho muy anticipada, sin la devolución de la totalidad de lo apropiado indebidamente.

Nuestro pueblo debe recordar que el beneficiado, no satisfecho con su actuar, pretendía regresar al cargo en una posterior elección, como si no fuera suficiente lo adquirido. Finalmente, es importante dejar totalmente claro, que desde nuestro punto de vista, este asunto debe desligarse del tema político. Que si los delincuentes son de ARENA, de GANA, del PCN, o de cualquier otro partido, nos debe importar poco. Lo que importa es su calidad de delincuentes, y por eso deben ser sancionados.


El caso presente lejos de ahuyentar la posibilidad de cometer un delito, puede producir su estímulo, midiendo el riesgo así: Si no me descubren, bien. Si me descubren, ofrezco procedimiento abreviado y salgo rápido de la cárcel, pero retengo el 90 % de lo apropiado ilegalmente y al salir libre, me lo gozo. Con los testigos criteriados, sucede algo parecido: El criminal, cuenta como fue y quienes participaron, a cambio de su libertad o reducción de pena. Pero, ese proceder dentro de las pandillas significa la pena de muerte para el delator. Nuestra sociedad ha llegado a un desarrollo delincuencial insostenible.  El procedimiento abreviado aprobado por las autoridades, puede ser legal, pero está a kilómetros de ser justo.




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