Editorial & Opinion

¿Qué entender por matrimonio?

Armando Rivera Bolaños / Abogado y notario

sábado 17, agosto 2019 - 12:00 am

Ignoro el contenido y fundamentos esgrimidos en un amparo constitucional sobre supuesta desigualdad jurídica en el matrimonio civil reconocido y plenamente establecido en nuestro Código de Familia, vigente desde el  1 de octubre de 1944, que en su artículo 11 conceptúa el matrimonio como “la unión legal de un hombre y una mujer, con el fin de establecer una plena y permanente comunidad de vida”, que resume aquel planteamiento de la filosofía jurídica que “de la naturaleza humana arranca la naturaleza del derecho” y, en este caso, el derecho familiar es el que más se adecua a tal concepción iusfilosófica: en efecto, desde la intemporalidad secular de la existencia humana sobre la faz de la Tierra, el ser humano (hombre y mujer), nace, crece y desarrolla en el seno de una familia, creando en sí no solo la necesidad biológica de la satisfacción sexual, sino la imperiosa búsqueda de una persona de sexo complementario al propio, para crear una familia, para establecer unidos una descendencia donde perpetúe su genealogía, sus costumbres, lenguaje y otros bienes socioculturales, atinentes a la humanidad mundial.

Este derecho e instancia biopsicosocial de buscar la pareja de sexo complementario para crear una familia, es un elemento perpetuo, necesario y universal que podemos comprobarlo tanto en una civilización primitiva (como las tribus indígenas del Río Amazonas, Brasil, por ejemplo), como en las culturas más desarrolladas del mundo actual. Y esta postura iusfilosófica no es nueva, pues de manera vaga e imprecisa, quedó señalada en los antiguos cánones que rigieron a persas, babilonios, egipcios, mayas, etc. hasta el punto que en sus religiones politeístas los dioses contraían uniones con diosas y mujeres terrenales, que daban a luz titanes inmortales.

Pero la naturaleza humana de buscar la formación de familia, podía generar abusos y situaciones indeseables, que siguen vigentes en su prohibición como el incesto y la violación. Y si bien la historia universal nos enseña que, en todo el planeta, se crearon y observaron normas morales relativas a respetar progenitores, hermanos, parientes, etc. pero no siempre los preceptos morales alcanzaron su objetivo de regular adecuadamente el comportamiento del hombre en sociedad, por lo que se recurrió a crear, con carácter general obligatorio, las normas jurídicas coercitivas.

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Y como bien lo dice el tratadista italiano Nicolás Coviello “el derecho no es un mero fenómeno histórico, y aunque esencialmente es positivo, ello no excluye que en las normas jurídicas existan principios supremos, universales y fundamentales, que se encuentran en las diversas legislaciones, pasadas y presentes, bárbaras y civilizadas, en cuanto son connaturales a la conciencia humana” (Op. Doctrina del Derecho Civil. Edit.UTEHA, España,1938).

Tomando como premisa lo dicho por el eminente tratadista italiano, el derecho familiar salvadoreño, su abundante aspecto jurisprudencial, en el Código de Familia vigente recoge en su Art. 4 precisamente esos principios rectores, no sin antes, en el artículo precedente, recoge el concepto de familia. No estamos hablando de conceptos morales, mucho menos religiosos. Estamos circunscritos al campo jurídico-legal, como parece que lo han solicitado quienes han interpuesto el recurso de amparo para ante la honorable Sala de lo Constitucional.


Incluso, tengo a la mano investigaciones que realizaron mis alumnos de una prestigiosa universidad privada, precisamente alrededor de estos matrimonios entre personas del mismo sexo (cabe anotar que las personas no tenemos género, sino sexo: masculino o femenino, es decir, hombre o mujer. Solo las palabras del idioma tienen género, aunque se les llame gramaticalmente masculino y femenino: el libro, la casa). En esos trabajos señalaron la inconveniencia de conferir, a matrimonios entre personas del mismo sexo, las garantías jurídicas análogas a la institución matrimonial heterosexual que reconoce la ley familiar.

Dado el corto espacio, ampliaré después, con más especificidad, las inconveniencias jurídicas y de orden social de reconocer esos matrimonios, sin antes recapacitar en forma responsable, en lo personal y jurídico, porque siendo el comportamiento homosexual propio del ámbito privado, al legalizar esa unión se faltaría al deber constitucional del Estado de promover y tutelar una institución esencial para el bien común de la sociedad, como el que se deriva de la unión matrimonial de un hombre con una mujer.




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