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Relatora de ONU indaga ejecuciones extrajudiciales en El Salvador

AFP

jueves 25, enero 2018 - 2:28 pm

La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, la francesa Agnes Callamard, inició este jueves una visita a El Salvador en la que recibirá informes “preocupantes” de la violencia que vive el país, informaron organismos humanitarios.

“Las organizaciones de la sociedad civil, expresan su preocupación por la actual situación de violencia en el país”, consigna un comunicado del Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamérica y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

Para las entidades humanitarias, “el énfasis represivo de las políticas de seguridad del Estado” han llevado a “evidenciar la ocurrencia de ejecuciones extrajuciales en El Salvador”.

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Callamard, Relatora Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, se mantendrá en El Salvador hasta el 5 de febrero próximo, con el fin de evaluar con las autoridades locales y organismos humanitarios el caso de los homicidios arbitrarios.

La funcionaria “viene a un país donde hay una señal de alerta por esos niveles de preocupación sobre el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad”, declaró a AFP el abogado Abraham Abrego, de la organización Cristosal.


De 2014 a junio de 2017, según las ONG, se registraron 1.607 “supuestos enfrentamientos”, de policías y militares con civiles, la mayoría integrantes de estructuras pandilleras.

Como resultado de esos enfrentamientos murieron 1.416 personas, entre supuestos pandilleros, civiles, policías y militares, y 442 resultaron lesionadas.

“Del total de personas que perdieron la vida, 1.325 murieron a manos de agentes de seguridad del Estado”, concluyen las entidades.

Desde marzo de 2016, el gobierno aplica severas “medidas extraordinarias” en las cárceles donde están recluidos pandilleros, en un afán de cortar la comunicación de cabecillas encerrados con el exterior.

Este jueves, el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, solicitó al Congreso prorrogar esas medidas extraordinarias por un año más.

“Las alarmantes cifras ponen en evidencia una práctica de ejecuciones extrajudiciales, entendida como el asesinato deliberado cometido por el Estado o bien por particulares que gozan de aquiescencia, es decir, consentimiento del mismo”, advierten los entes humanitarios.

El Salvador cerró 2017 con 3.954 homicidios, 25% menos que en 2016, con un promedio de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los niveles más altos del mundo.




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